El Gobierno nacional oficializó la reforma de la Ley de Glaciares mediante su publicación en el Boletín Oficial, dos semanas después de su aprobación en el Congreso. La principal modificación transfiere a las provincias la potestad de establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué áreas glaciares y periglaciares serán protegidas.

El Gobierno nacional promulgó la reforma de la Ley de Glaciares, introduciendo un cambio sustancial en la administración y control de los ambientes glaciares y periglaciares del país. La nueva normativa fue publicada en el Boletín Oficial tras su aprobación en el Congreso hace dos semanas.

La principal modificación consiste en la transferencia de competencias hacia las provincias, que a partir de ahora podrán establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y qué áreas periglaciares serán protegidos. Este cambio marca una diferencia sustancial respecto a la ley original.

La normativa sancionada en 2010 establecía una protección más estricta para los glaciares, considerándolos bienes públicos estratégicos, fundamentales para la preservación de las reservas de agua dulce y el equilibrio ambiental. Con la reforma, aquellas zonas que no sean incluidas dentro de los nuevos criterios técnicos definidos por cada jurisdicción provincial podrán quedar fuera del alcance de la protección específica contemplada por esta ley.

Este nuevo esquema genera un cambio importante en la gestión ambiental, ya que las provincias asumirán un rol central en la definición de las áreas protegidas. Esta descentralización podría derivar en diferencias de criterios entre distintas regiones del país, según advierten especialistas.

La reforma abre un nuevo escenario en materia de política ambiental y control de recursos naturales, especialmente en provincias cordilleranas como Río Negro, donde la preservación de glaciares y ambientes periglaciares tiene un impacto directo sobre el equilibrio hídrico y el desarrollo sustentable de la región.