Un proyecto del bloque PRO en la Legislatura de Río Negro busca modificar los criterios de ingreso a la docencia para favorecer a quienes se formaron y residen en la provincia. La iniciativa propone otorgar puntaje adicional por arraigo territorial, sin impedir el acceso a profesionales de otras jurisdicciones.

La posibilidad de acceder a un cargo docente en las escuelas de Río Negro podría empezar a depender, además de la formación y los antecedentes, del vínculo de cada aspirante con la provincia. Un proyecto presentado en la Legislatura propone otorgar prioridad a quienes residan, se hayan formado y acumulen antigüedad dentro del sistema educativo rionegrino.

La iniciativa fue impulsada por el bloque de PRO y apunta a modificar los criterios de ingreso y desarrollo de la carrera docente. El autor de la propuesta, el legislador Juan Martin, sostuvo que el objetivo es que las y los docentes formados en la provincia tengan más posibilidades de insertarse laboralmente sin tener que emigrar. ‘Río Negro forma docentes, pero no les garantiza oportunidades en su propia provincia’, planteó el legislador al fundamentar el proyecto.

Según indicó Martin, cada año egresan cientos de estudiantes de los institutos de formación docente rionegrinos, aunque muchos encuentran dificultades para acceder a horas cátedra o cargos dentro del sistema. La propuesta establece un esquema de puntaje adicional por arraigo territorial, que sumaría puntos a quienes acrediten residencia efectiva en la provincia, trayectoria laboral en escuelas rionegrinas y antigüedad dentro del sistema educativo. La prioridad regiría sólo cuando existan aspirantes en igualdad de condiciones académicas y profesionales.

Otro de los puntos incorporados en el proyecto es la creación de incentivos para quienes trabajen en zonas rurales e inhóspitas. La intención es fortalecer la continuidad pedagógica en las regiones más alejadas y reducir la rotación permanente de docentes, una situación que suele afectar a establecimientos ubicados en parajes y localidades pequeñas.

El texto también aclara que no se impediría el acceso de profesionales provenientes de otras provincias. La iniciativa no fija restricciones ni cupos, sino que introduce un criterio de preferencia para quienes hayan desarrollado su vida y su carrera en Río Negro.

Además, el proyecto incorpora la obligación de presentar un Certificado de Antecedentes Penales para todo el personal que se desempeñe en establecimientos educativos. La medida, según se plantea en los fundamentos, busca reforzar las condiciones de resguardo y protección de niñas, niños y adolescentes dentro de las escuelas.

Desde el bloque opositor señalaron que la propuesta sigue la misma lógica que otras medidas impulsadas en la provincia para favorecer a quienes tienen actividad y residencia local. En ese sentido, Juan Martin vinculó la iniciativa con políticas como el ‘compre rionegrino’ y el esquema ’80/20′, y consideró que esos antecedentes podrían facilitar el debate del proyecto en la Legislatura.