Un juzgado de Familia de Viedma decidió extender por 120 días las medidas de protección vigentes para una mujer víctima de violencia de género, al entender que la situación de riesgo persiste. La resolución incluye la continuidad del botón antipánico y la obligación de tratamiento psicológico para ambas partes.

La jueza subrogante de la Unidad Procesal N° 7 de Viedma, Paula Fredes, dispuso prorrogar una serie de medidas de protección para una mujer víctima de violencia de género, luego de evaluar que el riesgo que motivó las restricciones originales no había desaparecido. La decisión se tomó en las últimas horas, a partir de una recomendación del Equipo Técnico Interdisciplinario del Poder Judicial.

Entre las medidas que se extienden se encuentra el dispositivo de botón antipánico, que había sido colocado en marzo de este año. Ahora, su vigencia queda prorrogada por un plazo de 120 días, lo que implica que continuará activo hasta el próximo 23 de enero.

En cuanto a la víctima, la magistrada le indicó que deberá concurrir a la Unidad de Prevención y Atención a la Violencia Familiar dependiente del Hospital Artémides Zatti y/o al área de Salud Mental del mismo centro asistencial. El objetivo es que pueda incorporar herramientas para sostener y fortalecer las medidas de protección dispuestas. La resolución también contempla la posibilidad de que la mujer elija atenderse con un psicólogo o psicóloga particular, en caso de que así lo prefiera.

Respecto al denunciado, la jueza Fredes le ordenó que en un plazo de diez días deberá acreditar el inicio y la asistencia regular a un espacio de tratamiento psicológico. Esta exigencia forma parte del conjunto de herramientas judiciales orientadas no solo a proteger a la víctima, sino también a intervenir sobre la conducta del agresor.

Finalmente, el tribunal puso en conocimiento de la situación a la comisaría correspondiente, instruyéndola para que, en caso de advertir o recibir una denuncia por violación de las medidas prorrogadas, adopte de manera inmediata todas las acciones necesarias dentro de sus facultades prevencionales, con el fin de resguardar la integridad de la víctima y su grupo familiar.