El bloque Vamos con Todos pidió a la Fiscalía de Estado que demande a Camuzzi Gas del Sur por no aplicar la ley provincial que prohíbe cortes de servicios a jubilados, personas con discapacidad y familias vulnerables. La empresa habría comunicado que no cumplirá la norma sancionada por la Legislatura rionegrina.

La Ley Provincial 5860, que prohíbe los cortes de gas, electricidad y agua a personas jubiladas, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad, quedó en el centro de una controversia que llegó a la Fiscalía de Estado de Río Negro. El bloque legislativo Vamos con Todos presentó un pedido formal para que se impulsen acciones judiciales contra Camuzzi Gas del Sur y se garantice el cumplimiento de la normativa.

La presentación, firmada por los legisladores José Luis Berros y Magdalena Odarda, solicita al fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan que promueva una demanda contra la distribuidora de gas y que requiera una medida cautelar para obligar a la empresa a cumplir la legislación en todo el territorio provincial. Según denunciaron los legisladores, Camuzzi comunicó formalmente a la Provincia que no aplicará la ley sancionada por la Legislatura y promulgada por el Poder Ejecutivo.

El escrito presentado ante la Fiscalía también menciona denuncias formuladas por centros de jubilados, cooperativas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). De acuerdo con estas presentaciones, la empresa no estaría entregando los formularios de declaración jurada previstos por la ley y rechazaría otorgar el beneficio a quienes se encuentran alcanzados por la protección establecida en la norma.

Para el bloque Vamos con Todos, esta postura de la distribuidora requiere una respuesta judicial contundente por parte del Estado provincial. Los legisladores señalaron que si la empresa considera que la ley provincial es incompatible con la normativa nacional, debe plantear esa cuestión ante la Justicia. Sin embargo, sostuvieron que mientras no exista una resolución judicial que declare su inconstitucionalidad, la legislación rionegrina debe ser aplicada sin excepciones.

En ese sentido, Berros afirmó que permitir que una empresa decida discrecionalmente qué normas cumplir representa un antecedente institucional grave que no puede ser tolerado. Por su parte, Odarda sostuvo que el Gobierno provincial tiene la obligación de defender una ley que fue promulgada por el propio Poder Ejecutivo y proteger los derechos de los sectores más vulnerables alcanzados por esa normativa.

El bloque insistió en que la Fiscalía de Estado impulse con urgencia las medidas judiciales correspondientes para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 5860 y evitar que continúen los cortes de servicios esenciales a los sectores protegidos por la norma provincial.