La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Río Negro informó que 78 de los 109 niños, niñas y adolescentes alojados en dispositivos institucionales ya cuentan con sentencia de adoptabilidad. Esto significa que 7 de cada 10 chicos institucionalizados tienen su situación definida judicialmente. El organismo provincial destacó el dato como parte de su trabajo orientado a garantizar el derecho de cada niño a vivir y desarrollarse en familia.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de la provincia de Río Negro dio a conocer un informe sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección institucional. Según los datos oficiales, 78 de los 109 chicos actualmente alojados en dispositivos institucionales ya cuentan con sentencia de adoptabilidad, lo que representa aproximadamente 7 de cada 10 casos.

El organismo destacó que este avance es el resultado de un trabajo de seguimiento individual de cada trayectoria, que incluye las intervenciones necesarias para determinar cuál es la alternativa que mejor responde a los derechos y necesidades de cada niño o adolescente. En los casos en que corresponde avanzar con la adoptabilidad, la SENAF lleva adelante las gestiones pertinentes y acompaña los procesos vinculados con la construcción de un proyecto familiar.

El dato cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la institucionalización es considerada una medida de carácter excepcional y transitorio. En ese marco, la Secretaría remarcó que su trabajo está orientado a que cada situación pueda contar con una respuesta adecuada y que los chicos puedan avanzar hacia un proyecto de vida familiar acorde a su realidad particular.

Desde el organismo también se informó que se continúa trabajando sobre los nuevos casos en los que corresponde evaluar la adoptabilidad, así como sobre aquellos procesos que ya se encuentran en curso. De esta manera, la provincia mantiene acciones permanentes para brindar respuestas oportunas a las distintas trayectorias de niños y adolescentes bajo protección estatal y asegurar su derecho a vivir en familia.