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Provinciales

Río Negro busca proteger a estudiantes con diabetes tipo 1 en las escuelas

La legisladora Ofelia Stupenengo presentó un proyecto de ley para crear un protocolo provincial que oriente a docentes y directivos ante situaciones de emergencia relacionadas con la diabetes en el ámbito escolar. La iniciativa contempla capacitaciones, medidas antidiscriminación y la participación de profesionales de la salud y familias en su elaboración.

La legisladora provincial Ofelia Stupenengo, del bloque PRO, presentó ante la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley para establecer el Protocolo Provincial de Acompañamiento, Cuidado y Actuación Escolar para Niños, Niñas y Adolescentes con Diabetes Mellitus Tipo 1. La propuesta busca dar respuesta institucional a una realidad que enfrentan muchas familias de la provincia: la falta de herramientas concretas en las escuelas para acompañar a los estudiantes que conviven con esta enfermedad crónica.

El corazón de la iniciativa es la creación de una guía de consulta destinada a directivos, docentes y personal no docente, que les permita reconocer y actuar de manera adecuada ante episodios de hipoglucemia —descenso brusco del nivel de azúcar en sangre— e hiperglucemia —elevación del mismo—, dos situaciones que pueden volverse críticas si no se abordan a tiempo. Además, el protocolo incluiría recomendaciones específicas para salidas educativas y viajes escolares, instancias en las que los niños y adolescentes con diabetes quedan especialmente expuestos al estar alejados de su entorno habitual de cuidado.

La propuesta también contempla la realización de capacitaciones periódicas para el personal de las instituciones educativas, con el objetivo de mantener actualizados los conocimientos sobre el manejo de la enfermedad. En ese sentido, el proyecto incorpora acciones orientadas a prevenir la discriminación y el estigma hacia los alumnos con diabetes tipo 1, promoviendo una cultura escolar más inclusiva e informada.

En cuanto a la elaboración del protocolo, el proyecto prevé un proceso participativo que involucre a profesionales de la salud, miembros del sistema educativo, familias de los estudiantes afectados y organizaciones de la sociedad civil. Esta articulación busca garantizar que la herramienta final sea tanto técnicamente sólida como sensible a las necesidades reales de quienes la van a utilizar en el día a día.

Desde el punto de vista institucional, la implementación del protocolo quedaría a cargo del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia, en trabajo conjunto con el Ministerio de Salud. La articulación entre ambas carteras es clave para darle sustento sanitario a las definiciones pedagógicas y garantizar que las escuelas cuenten con el respaldo necesario para actuar con seguridad frente a cualquier eventualidad.

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