La Legislatura de Río Negro aprobó una ley que pone a cargo de la Provincia el pago de los servicios de agua potable y desagües cloacales de los inmuebles utilizados por los bomberos voluntarios. La norma simplifica el proceso administrativo al eliminar el sistema de reintegros. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Natalia Reynoso.

La Legislatura de Río Negro dio un paso concreto en respaldo a los bomberos voluntarios de la provincia al aprobar una ley que establece que el Estado provincial se hará cargo del pago de los servicios de agua potable y desagües cloacales correspondientes a los inmuebles e instalaciones destinados a la actividad bomberil e institucional.

Hasta ahora, las asociaciones de bomberos voluntarios debían afrontar el costo de esos servicios con sus propios recursos y luego solicitar el reintegro al Estado, un trámite que en muchos casos generaba demoras y dificultades financieras para estas organizaciones que trabajan de forma desinteresada. Con la nueva normativa, ese circuito se modifica de raíz.

El procedimiento que establece la ley es directo y transparente: los prestadores de los servicios emitirán las facturas correspondientes, y estas serán abonadas directamente por la Provincia, sin que las asociaciones deban actuar como intermediarias ni adelantar dinero que luego tendrían que reclamar.

La legisladora Natalia Reynoso, una de las impulsoras de la norma, aclaró que el beneficio está acotado exclusivamente a las asociaciones de bomberos voluntarios y aplica únicamente sobre los espacios destinados a la actividad bomberil e institucional. Reynoso remarcó que el beneficio no comprende actividades comerciales, sociales o recreativas que puedan desarrollarse en los predios de esas instituciones.

La medida representa un alivio concreto para decenas de cuarteles distribuidos a lo largo y ancho de la provincia, incluyendo los de la región andina, que sostienen su funcionamiento gracias al esfuerzo voluntario de sus integrantes. Contar con los servicios básicos garantizados por el Estado les permitirá destinar sus recursos a equipamiento, capacitación y operatividad.