El Instituto Provincial de la Vivienda (IPPV) expuso en un congreso nacional su experiencia en operativos territoriales para regularizar la situación dominial de familias en toda la provincia. La ponencia, a cargo de la coordinadora provincial de la Ley Pierri, Daniela Vivas, destacó que regularizar un terreno es mucho más que un trámite catastral: es reconocer la historia de una familia y su arraigo a un lugar.

En el marco de los 200 años de la creación del Departamento Topográfico Argentino, el Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPPV) de Río Negro participó de un encuentro nacional organizado por el Consejo Profesional de Agrimensura en la ciudad de Mar del Plata. La provincia estuvo representada por un equipo integrado por la abogada Daniela Vivas, coordinadora provincial de la Ley Pierri; los agrimensores Ezequiel Farfal y Sergio Dieu; y la Subsecretaria de Gestión y Coordinación Territorial del organismo, Laura Schlitter.

Dentro del Eje 3 del congreso, dedicado específicamente a la Regularización Dominial, Vivas presentó la ponencia titulada ‘La implementación de la Ley Pierri en Río Negro: operativos territoriales como estrategia de regularización dominial’. Compartió panel con el licenciado Pablo González, especialista en integración urbana y la Ley 14.449, y con las investigadoras del CONICET María Cristina Cravino y Eva Camelli.

La exposición introdujo una perspectiva poco habitual en los ámbitos técnicos del catastro: la dimensión humana e histórica detrás de cada expediente. ‘Hay una idea que atravesó toda la exposición: regularizar es reconocerle a una familia que existe donde ya vive, con todo lo que eso implica en términos de arraigo y de derecho. El catastro puede medir superficies; lo que no mide es hace cuánto una familia sostiene un lugar, ni con qué esfuerzo’, explicó Vivas.

Otro de los ejes centrales de la ponencia fue la identidad barrial como elemento inseparable del proceso de regularización. ‘Saber quién llegó primero a un barrio, por qué se instaló ahí, cómo se fue armando el lazo entre las familias y la tierra. Sin esa historia, el expediente es apenas un trámite; con ella, es la prueba de un vínculo real’, sostuvo la profesional.

En esa misma línea, Vivas señaló otra complejidad frecuente en los procesos de titulación: la realidad de los vínculos familiares a lo largo del tiempo. ‘Es importante saber que quien figura como cotitular o cónyuge en un boleto de compraventa firmado hace veinte años puede no ser, hoy, quien acompaña a la familia’, advirtió, apuntando a la necesidad de actualizar y contextualizar cada caso antes de avanzar en su resolución.

Para abordar estas realidades, el IPPV desarrolló los denominados ‘operativos barriales territoriales’: dispositivos que se instalan directamente en el barrio durante varias jornadas consecutivas, con el objetivo de relevar situaciones, atender a los vecinos, evaluar casos y abrir o reactivar los legajos correspondientes en el lugar donde las familias efectivamente viven. Un modelo que, según destacó la funcionaria, no puede funcionar sin el trabajo articulado con la comunidad: ‘Un trabajo que no lo hace el Estado solo. Las comisiones sociales de tierras y los referentes barriales son quienes conocen, puerta por puerta, la situación de cada familia’.

La presentación cerró con una frase que sintetiza la filosofía detrás del modelo rionegrino de regularización dominial: ‘No se titula un lote: se reconoce una historia’, según las palabras de Daniela Vivas. Una definición que marcó el tono de una ponencia que, lejos de los tecnicismos habituales del sector, puso a las personas en el centro del debate.