Un reclamo judicial para investigar la compra de 14.000 hectáreas en Río Negro con fondos de Emiratos Árabes Unidos no tiene aún expediente abierto. El caso surgió durante un juicio por usurpación en Bariloche, donde el comprador admitió recibir 2 millones de dólares del Estado árabe para la operación.

El pedido del abogado Martín Palumbo para que se investigue la posible venta ilegal de tierras en zona de frontera a un supuesto testaferro de Emiratos Árabes Unidos permanece sin expediente abierto, y el Ministerio Público Fiscal de Río Negro decidió tomar el asunto con máxima cautela. El fiscal Francisco Arrien, que intervino en el juicio, resolverá dar curso a la denuncia recién cuando la sentencia quede firme, aunque se prevé que la justicia provincial derive el caso a la Justicia Federal.

El planteo surgió durante el alegato de Palumbo el 7 de abril pasado en un juicio oral realizado en Bariloche, donde defendió junto a Milton Díaz a la referente mapuche Soledad Cayunao, acusada de usurpación por montar un campamento en febrero de 2023 en tierras de Hugo Barabucci. El abogado alertó sobre la posible violación de la ley 26.737 que prohíbe la compra de tierras en zona de frontera por parte de extranjeros.

Barabucci, profesor y difusor del polo con residencia semipermanente en los Emiratos Árabes, fue quien denunció la presunta usurpación presentándose como propietario de 14.689 hectáreas en el paraje Alto Río Chubut, cerca de Ñorquinco. Aunque Cayunao resultó absuelta, las declaraciones del terrateniente durante el juicio generaron un mar de interrogantes que persisten hasta hoy.

Bajo juramento, Barabucci admitió ante el juez Marcelo Álvarez Melinger que ‘había comprado esa tierra por una donación de Emiratos Árabes Unidos y sin cargo, sin nada a cambio’. El instructor de polo precisó que el monto recibido del gobierno asiático fue de ‘unos dos millones de dólares’, según quedó registrado en la sentencia absolutoria.

Palumbo sostiene que esta compra violó la ley 26.737, vigente a pesar del intento del gobierno nacional de derogarla mediante el decreto 70/23, posteriormente revertido por la Corte Suprema. Los artículos 6, 7 y 10 de la normativa establecen que ni extranjeros ‘ni personas interpósitas’ pueden adquirir tierras en zonas de seguridad de frontera o linderas con espejos de agua. El abogado señaló que el lote ‘está a 45 kilómetros en línea recta de la frontera con Chile’, dentro de la franja de 100 kilómetros que establece la ley como zona de seguridad.

La ley tipifica como ‘simulación ilícita y fraudulenta’ la venta de tierras a extranjeros mediante ‘interposición’ de personas físicas argentinas. Sin embargo, a pesar de lo explícito del relato de Barabucci y del planteo del defensor, hasta el momento no hubo gestos concretos de los fiscales para investigar el supuesto ilícito.

El caso tuvo repercusiones en el ámbito legislativo provincial y nacional. Los bloques Vamos con Todos y PJ Nuevo Encuentro de la legislatura rionegrina presentaron hace dos semanas un pedido de informes al Ministerio Público Fiscal para que investigue ‘posibles delitos vinculados al ingreso de divisas extranjeras y la adquisición de tierras en una zona estratégica de la provincia’. La legisladora Magdalena Odarda afirmó que los fondos habrían tenido origen en una cuenta del First Gulf Bank de Abu Dhabi y llegaron vía transferencia a través del J.P Morgan Chase de Nueva York, ‘sin cumplir con los controles exigidos en materia aduanera, fiscal y penal’.

En el Congreso nacional, el diputado Marcelo Mango (Unión por la Patria) presentó un proyecto de resolución dirigido al ministerio de Seguridad y los organismos competentes en seguridad de fronteras para que investiguen si la adquisición ‘fue realizada mediante interpósita persona o testaferro en beneficio de intereses extranjeros’.

Consultado por Diario Río Negro, Palumbo dijo no tener conocimiento de que su pedido haya generado movimiento en Tribunales y aclaró que no corresponde solo al fiscal Arrien intervenir, sino que ‘lo podría tomar cualquier fiscal de oficio’. Admitió que la investigación deberá quedar en último término a cargo de la Justicia Federal. Por su parte, Mango indicó que su pedido está pendiente de tratamiento en la Cámara Baja, debiendo pasar primero por la comisión de Legislación General y luego por la de Seguridad Interior. ‘Está claro que se violó la ley que prohíbe la venta de tierras a extranjeros en zona de frontera’, sostuvo el diputado, quien afirmó que si se comprueba la ilegalidad, la venta debería ser anulada.