Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, murió tras ser lanzada desde 40 metros de altura sin el sistema de seguridad conectado durante una actividad de rope jump en São Paulo. La Justicia brasileña ordenó prisión preventiva para tres instructores por homicidio con dolo eventual ante las graves fallas de seguridad detectadas.

La muerte de una joven de 21 años durante una actividad de turismo aventura en Brasil generó conmoción en todo el país y derivó en una rápida actuación judicial. La Justicia del estado de São Paulo dictó la prisión preventiva para tres instructores, quienes fueron imputados por homicidio con dolo eventual, al considerar que habrían asumido el riesgo de provocar un resultado fatal durante una actividad que presentaba evidentes fallas de seguridad.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas participaba de una actividad de rope jump en la denominada Ponte do Esqueleto, en la ciudad de Limeira, cuando fue lanzada desde una altura aproximada de 40 metros sin estar conectada a la cuerda principal que debía detener la caída. El hecho fue registrado en video por personas que se encontraban en el lugar y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según la investigación, la joven llevaba colocado el arnés, pero el sistema de seguridad nunca fue conectado correctamente antes del salto. Las imágenes muestran que la cuerda permanecía en el suelo mientras la participante era lanzada al vacío, evidenciando la negligencia en los procedimientos de seguridad.

Los tres instructores fueron detenidos inicialmente en flagrancia y posteriormente quedaron bajo prisión preventiva por decisión judicial. El juez consideró que existían elementos suficientes para presumir una negligencia grave en una actividad comercial de alto riesgo, además de valorar testimonios que indicaban intentos de alejarse del lugar tras el accidente y posibles riesgos para la investigación.

La causa también investiga la organización de la actividad y los procedimientos de seguridad aplicados por las empresas involucradas. Declaraciones incorporadas al expediente señalaron que no existía una distribución fija de responsabilidades para verificar los sistemas de seguridad antes de cada salto, una situación que para los investigadores podría haber contribuido al desenlace fatal.

Además, medios brasileños informaron que la actividad era desarrollada por empresas privadas y que existían cuestionamientos sobre las autorizaciones necesarias para operar este tipo de prácticas en el lugar donde ocurrió el accidente. Esta situación agregó más interrogantes sobre la legalidad y regulación de estas actividades de riesgo en la región.