El gobierno provincial estableció mediante decreto 297 una guía integral para abordar situaciones de adicciones en la administración pública. El protocolo incluye estrategias de intervención, asistencia y acompañamiento para el personal afectado.

El Poder Ejecutivo de Río Negro aprobó una Guía de actuación ante situaciones de consumos problemáticos en la Administración Pública provincial, que establece un enfoque integral con estrategias de intervención, asistencia y acompañamiento para los empleados públicos que atraviesen estas situaciones.

El decreto 297 otorga injerencia a las áreas de Recursos Humanos para tomar las precauciones necesarias en el acompañamiento del personal involucrado en estas problemáticas. Este extenso plan de abordaje integral podrá ponerse en marcha a pedido del propio agente o cuando compañeros de trabajo expresen su preocupación por algún colega.

Para los casos más graves, cuando el trabajador concurra a su puesto en estado de intoxicación, se deberá dar intervención inmediata a servicios de emergencia y guardias locales que permitan evaluar clínicamente a la persona y, si es necesario, trasladarla en ambulancia.

En situaciones donde se identifiquen consumos problemáticos o cuando los agentes estatales soliciten acompañamiento, se realizarán entrevistas correspondientes para evaluar la situación y determinar estrategias de abordaje específicas. El protocolo prioriza el tratamiento que menos restrinja los derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.

Según la complejidad de cada caso, el tratamiento podrá desarrollarse a través de dispositivos ambulatorios, centros de día o residenciales. Esta última opción solo será viable cuando aporte más beneficios que otras intervenciones y únicamente bajo el libre consentimiento del agente.

Los objetivos específicos del protocolo incluyen establecer un procedimiento de abordaje integral e intersectorial, promover la salud laboral, la prevención del consumo problemático y la reducción de daños mediante jornadas de sensibilización y formación permanente. Además, busca reinsertar laboralmente de manera oportuna y adecuada a quienes se encuentren en tratamiento.

La implementación se realizará en el marco de las actuaciones diseñadas por la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA), la Coordinación de Salud Mental Comunitaria del Ministerio de Salud, y la Secretaría de la Función Pública.