El gobierno provincial promulgó la Ley N° 5.855 que obliga a los conductores que causen accidentes bajo efectos de alcohol o drogas a reintegrar al Estado todos los gastos médicos y asistenciales. La norma también establece capacitaciones obligatorias en seguridad vial y sanciones más severas.

El Poder Ejecutivo de Río Negro promulgó la Ley N° 5.855 que establece un endurecimiento en las sanciones para conductores que provoquen accidentes de tránsito habiendo consumido alcohol o estupefacientes. Con esta medida, la provincia se suma a otras jurisdicciones como Neuquén que ya aplican sistemas similares de recupero de gastos sanitarios.

La nueva normativa, sancionada recientemente por la Legislatura provincial, establece que los conductores responsables de siniestros viales ocasionados bajo efectos de alcohol y/o estupefacientes deberán reintegrar al Estado provincial todos los gastos en que este haya incurrido para la atención médico-asistencial propia y de terceros afectados. Esta obligación se aplicará en aquellos casos donde las obras sociales o seguros no cubran los gastos generados.

El capítulo segundo de la ley define como conductas irregulares graves: no respetar la luz roja del semáforo, conducir a velocidad superior a la máxima permitida o de forma temeraria, y conducir sin licencia habilitante o con licencia vencida. El Ministerio de Salud actuará como autoridad de aplicación de la norma.

Los gastos a recuperar serán calculados según el nomenclador que disponga el Ministerio de Salud o según los montos que terceros prestadores facturen por las atenciones brindadas. La reglamentación determinará los plazos para el pago voluntario del recupero hospitalario. Vencido ese plazo, el Ministerio certificará la deuda, que tendrá carácter de título ejecutivo conforme la ley N° 5754, permitiendo iniciar acciones judiciales.

Además del resarcimiento económico, la ley estipula que quien haya causado el siniestro y requerido asistencia del sistema público de salud deberá realizar obligatoriamente una capacitación en seguridad vial. El 20% de los recursos obtenidos por este sistema será destinado a programas de prevención: un 10% para implementar programas oficiales de concientización en seguridad vial, y el otro 10% como aporte no reintegrable a organizaciones de la sociedad civil que trabajen en seguridad vial.

El proyecto fue impulsado por el legislador Fernando Frugoni (bloque CC-Ari-Cambiemos) y aprobado en abril pasado por mayoría parlamentaria. En sus fundamentos, Frugoni destacó que en Argentina las muertes viales superan a los suicidios y homicidios, con una tasa promedio de 10,26 fallecidos cada 100.000 habitantes entre 2014 y 2019, según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Río Negro presenta una tasa similar a la nacional, con 10,80 puntos. Un informe del Observatorio de Consumos Problemáticos de 2021 reveló que de 734 conductores testeados, 139 presentaron marcados índices de alcohol en sangre, con mayor incidencia de siniestros los fines de semana. La Organización Mundial de la Salud estima que 1,35 millones de personas mueren anualmente por siniestros viales en el mundo, con consecuencias económicas que representan entre el 2 y el 7% del PBI de los países.