En una audiencia judicial realizada esta mañana, la Fiscalía incorporó nuevos hechos y evidencias contra un imputado acusado de amenazar a un vecino con arma de fuego y agredir a policías durante su detención. Los episodios ocurrieron en octubre pasado en zona oeste de la ciudad. La investigación se extendió hasta septiembre de 2026.

El Juez de Garantías aprobó hoy la reformulación de cargos contra un hombre acusado por amenazas con arma de fuego, portación ilegítima y atentado contra la autoridad, tras una audiencia en la que la Fiscalía incorporó nueva evidencia reunida durante la investigación. Además, se extendió el plazo de la investigación penal preparatoria hasta el 2 de septiembre de 2026.

Según la acusación fiscal, el primer hecho ocurrió el 23 de octubre de 2025 cerca de las 22:30 horas en inmediaciones de calle Tejada Gómez al 7300, en la zona oeste de Bariloche. En esa oportunidad, el imputado habría realizado varias detonaciones al aire con una escopeta y amenazado de muerte a un vecino, generando temor fundado por su integridad física.

El segundo episodio se registró durante la madrugada del 24 de octubre. Según la Fiscalía, el hombre circulaba en un vehículo acompañado por otras personas y portaba sin autorización legal una escopeta calibre 12. Al advertir la presencia policial, se dio a la fuga, lo que desencadenó una persecución que finalizó en un sector boscoso.

En ese lugar, el acusado descendió del rodado, efectuó al menos un disparo y continuó huyendo hasta ser finalmente interceptado por el personal policial. Durante la detención, habría desobedecido las órdenes de los efectivos, arrojó el arma y ejerció violencia física contra uno de los policías, quien sufrió lesiones de carácter leve.

Para fundamentar la reformulación de cargos, la Fiscalía presentó diversos elementos probatorios obtenidos durante la investigación. Entre ellos, informes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) que confirmaron que el imputado no contaba con autorización para portar armas de fuego, una pericia balística que determinó que la escopeta secuestrada era apta para el disparo, registros de llamados al 911, certificados médicos y declaraciones de los policías que participaron del procedimiento.

La defensa particular no se opuso a la reformulación de cargos, aunque aclaró que mantiene una versión diferente respecto del segundo hecho y que continuará produciendo prueba. También indicó que se encuentra trabajando junto a la Fiscalía en posibles alternativas de resolución del conflicto.

Los hechos fueron encuadrados provisoriamente como amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de fuego de uso civil y atentado a la autoridad doblemente agravado por haber sido cometido a mano armada y por haber puesto manos en la autoridad, en concurso con lesiones leves.