Escribe: Marcelo Parra

El periodismo no es una “profesión liberal”. No hay título que habilite a contar lo que pasa, ni carnet que autorice a preguntar. Decirlo es incómodo para los colegios, pero es la base de la democracia: el derecho a informar y ser informado no nace de una matrícula, nace del Artículo 14 de la Constitución.

Río Negro insiste con la Ley 2.384 y la matrícula obligatoria. El argumento oficial suena noble: orden, obra social, código de ética. Pero en la práctica es otra cosa. Colegiar el periodismo es definir, desde el Estado, quién puede ejercer el oficio y quién no. Y ahí empieza el problema.

Si mañana solo los matriculados pueden cubrir una protesta, entrevistar a un funcionario o publicar una investigación, entonces el vecino que filma con el celular, el estudiante que hace un blog, el jubilado que denuncia corrupción en Facebook, queda afuera de la ley. No es una hipótesis. En provincias con colegio obligatorio ya hubo intentos de sancionar a periodistas “no registrados”. La censura no llega con un sello rojo. Llega disfrazada de ética profesional.

La Corte Suprema ya lo dijo en el fallo “Kimel” de 1984: el periodismo no es de ejercicio exclusivo. No se puede reservar a quienes tengan título. Porque informar no es como operar a un paciente o construir un puente. No requiere herramientas técnicas que puedan dañar a terceros si se usan mal. Requiere libertad. Y la libertad no se regula, se garantiza.

El otro gran engaño es creer que la matrícula da calidad. Los peores casos de operaciones de prensa, fake news y periodismo a sueldo no los hicieron blogueros anónimos. Los hicieron medios con abogados, editores y periodistas matriculados. La ética no se enseña en un curso obligatorio del colegio. Se demuestra todos los días, en cada fuente chequeada y en cada nota incómoda.

Hoy el periodismo ya no entra en las redacciones de 1950. Está en un stream desde la calle, en un hilo de Twitter, en un podcast grabado en la cocina. Colegiarlo es querer meter Internet en un carnet de 1990. Es ponerle puerta a una plaza pública.

Río Negro tiene en su propia Constitución, Artículo 26, que nadie puede restringir la libre expresión ni exigir al director “otras condiciones que el pleno goce de su capacidad civil”. Es decir, la ley provincial se contradice con su Constitución. Y la Constitución gana siempre.

Defender el periodismo sin colegiatura no es defender el “periodismo trucho”. Es defender que cualquiera pueda ser periodista cuando la realidad lo exige. Porque cuando el poder aprieta, la única matrícula que importa es la de ciudadano.