El Juzgado Multifueros de El Bolsón falló contra una compañía de seguros que tardó más de un año en reparar una camioneta siniestrada en abril de 2023. La empresa deberá pagar 31 millones de pesos por daños materiales, morales y punitivos tras entregar el vehículo con fallas.

Una aseguradora fue condenada a pagar 31 millones de pesos luego de que la Justicia de El Bolsón comprobara que demoró un año y cuatro meses en reparar un vehículo asegurado contra todo riesgo, además de haberlo entregado con problemas técnicos sin resolver. La sentencia consideró que la empresa incumplió de manera sostenida las obligaciones contractuales y no brindó información adecuada a los asegurados.

El caso comenzó el 6 de abril de 2023, cuando una Renault Duster Oroch sufrió importantes daños en un siniestro vial en El Bolsón. Días después se presentó la denuncia y la compañía aceptó la cobertura, autorizó la reparación y designó un taller. Sin embargo, aunque aprobó el presupuesto en mayo de 2023, la reparación no avanzó dentro de plazos razonables.

Durante más de un año, los propietarios del vehículo realizaron numerosos reclamos sin obtener respuestas claras. La aseguradora atribuyó las demoras a dificultades en el abastecimiento de autopartes y restricciones a la importación de repuestos, pero no presentó pruebas suficientes de estas circunstancias durante el proceso judicial.

Recién el 30 de abril de 2024 —un año después del siniestro— el vehículo ingresó al taller para ser reparado. Finalmente fue entregado el 26 de agosto de ese año, más de dieciséis meses después del accidente. El fallo destacó que los usuarios debieron reorganizar su vida cotidiana ante la imposibilidad de usar el automóvil, situación particularmente compleja en una zona donde las distancias son amplias y el transporte público es limitado.

Los problemas no terminaron con la entrega. Una pericia mecánica detectó que persistían diversas fallas relacionadas con el accidente original: problemas en el sistema de airbag, defectos de sellado, inconvenientes en molduras y alertas activadas en el tablero. Para la jueza, esto demostró que la prestación no solo fue tardía, sino también incompleta.

La compañía intentó defenderse sosteniendo que cumplió con la cobertura contratada y que las demoras obedecieron a factores externos. Sin embargo, el tribunal entendió que no logró acreditar adecuadamente esas circunstancias ni demostrar un seguimiento eficiente del trámite o una comunicación efectiva con los asegurados.

El Juzgado Multifueros de El Bolsón encuadró el caso dentro de la Ley de Defensa del Consumidor y concluyó que la aseguradora vulneró los deberes de información, trato digno y cumplimiento efectivo del servicio contratado. La condena incluye 8 millones de pesos por daño material, 7 millones por privación de uso del vehículo, 6 millones por daño moral y 10 millones en concepto de daño punitivo, considerando el incumplimiento grave y prolongado que afectó directamente la vida cotidiana de los usuarios.