El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un comisario y un oficial por el homicidio de Juan Ignacio Cerutti, ocurrido el 25 de enero en la Unidad 35 de Villa Regina. La víctima sufrió al menos 40 lesiones durante el procedimiento policial que terminó con su vida.
El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló cargos contra dos policías por el delito de tortura seguida de muerte, tras el fallecimiento de Juan Ignacio Cerutti en la comisaría de Villa Regina. El juez de Garantías aceptó la imputación y ordenó medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país y de acercarse a los familiares de la víctima.
Según la acusación fiscal, el comisario y el oficial detuvieron de forma violenta a Cerutti el 25 de enero pasado y continuaron agrediéndolo dentro de la Unidad 35 hasta provocar su muerte. La fiscal del caso, Vanesa Cascallares, explicó que ‘el oficial persiguió y redujo de manera violenta a Cerutti, quien se encontraba en un estado de alteración y vulnerabilidad. Luego de esposarlo con la ayuda de un civil, lo subieron a la caja de una camioneta policial conducida por el comisario’.
La fiscal jefe Belén Calarco detalló que al llegar a la comisaría, los imputados habrían bajado a la víctima de forma brusca, provocando que golpeara su cabeza contra el suelo. ‘Luego, el joven fue arrastrado hacia el interior del edificio, donde continuaron las agresiones físicas. Para ocultar los gritos de la víctima, los agentes habrían subido el volumen de sus radios portátiles’, indicó.
Los informes médicos preliminares revelaron que Cerutti sufrió al menos 40 lesiones en la cabeza, el torso y las extremidades. Su muerte se produjo por un traumatismo encefálico agudo, provocado por los múltiples golpes recibidos durante el procedimiento policial.
‘Debemos hacer el análisis del caso desde la perspectiva de la persona que sufrió la violencia institucional, verlo desde el lugar de la víctima. Además tenemos presente las convenciones internacionales que buscan prevenir la violencia que podría ejercer el Estado a través de, en este caso, la fuerza policial’, explicó la fiscal jefe Calarco.
La calificación legal solicitada tanto por la fiscalía como por la querella es la de ‘tortura seguida de muerte’, para ambos policías en calidad de autores. El sustento probatorio incluye la intervención de la Policía Federal Argentina, secuestros de interés para el legajo, el reporte del Gabinete de Criminalística, estudios histopatológicos y toxicológicos del Laboratorio Regional de Investigación Forense de Chubut, y pericias del Laboratorio Regional de Genética Forense de Bariloche.
Entre las pruebas recolectadas se encuentran los DVR de la oficina del comisario de la Unidad 35, grabaciones de cámaras de seguridad de la vía pública, el libro de actas del hospital local, informes del Laboratorio de Informática Forense, varias entrevistas y las actuaciones disciplinarias de la Policía de Río Negro.
Pese a la oposición de la defensa particular de ambos empleados policiales, el juez de Garantías interviniente aceptó la formulación de cargos en los mismos términos solicitados por el Ministerio Público Fiscal. Respecto de las medidas cautelares, el magistrado resolvió que los imputados no pueden salir del país ni acercarse a la familia de la víctima.
