Las clínicas y sanatorios privados de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut suspenderán durante 24 horas la atención a los afiliados de PAMI el próximo lunes 24 de agosto de 2026. La medida afecta a más de 300.000 jubilados y pensionados de la región y responde al atraso acumulado en los aranceles que abona la obra social estatal, que según los prestadores perdieron un 75 por ciento de su valor real en los últimos dos años y medio.

Un conflicto que venía gestándose en silencio llegó a su punto de quiebre. Las instituciones médicas privadas de cuatro provincias patagónicas —Río Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut— anunciaron la suspensión total de la atención a los beneficiarios de PAMI durante las 24 horas del lunes 24 de agosto de 2026. La medida de fuerza es contundente y afecta de manera directa a más de 300.000 afiliados que dependen de estos centros para sus tratamientos habituales, consultas y controles.

El detonante del conflicto es económico y estructural. Según denunciaron las entidades prestadoras mediante un comunicado conjunto, los aranceles que PAMI abona acumulan una pérdida del 75 por ciento en su valor real frente a la inflación registrada en los últimos dos años y medio. La brecha es contundente: mientras la inflación acumulada en ese período trepó al 341 por ciento, los aumentos tarifarios otorgados por la obra social apenas llegaron al 143 por ciento, generando un desfase abismal que pone en riesgo la continuidad operativa de los establecimientos.

Lo que terminó de inclinar la balanza fue la pauta fijada para el corriente año. Desde el sector privado señalan que PAMI solo comprometió un ajuste proyectado del 6 por ciento real para 2026, y que ese incremento recién se percibirá efectivamente en octubre. Esto implica que los prestadores deben operar la mayor parte del año con valores congelados correspondientes al período anterior, una situación que califican como insostenible.

En su comunicado, los prestadores fueron enfáticos al aclarar que no son ellos quienes deben financiar el sistema de salud. Reclamaron aranceles razonables que permitan cubrir los costos operativos reales de los servicios, y advirtieron que hacen pública esta situación precisamente por la responsabilidad que sienten frente a uno de los sectores más vulnerables de la población: los adultos mayores.

El deterioro no es repentino. En los últimos dos meses ya se habían registrado señales de alarma: restricciones en las guardias médicas, demoras en la recepción de derivaciones y la reprogramación de cirugías no urgentes. A esto se suma que el propio PAMI impone cupos y techos operativos para las consultas ambulatorias, reduciendo aún más el margen de atención disponible para sus afiliados.

La dimensión del conflicto trasciende lo sanitario. Las empresas privadas involucradas sostienen más de 10.000 puestos de trabajo directos en la Patagonia y cubren la atención del 65 por ciento de la población regional. A pesar de que las autoridades de la obra social reconocieron la legitimidad de los reclamos en reiteradas instancias, la falta de soluciones concretas e inmediatas derivó en la decisión de llevar adelante el cese de actividades.

En Río Negro, la medida cuenta con la adhesión de Leben Salud, Sanatorio Juan XXIII, Policlínico Modelo, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Sanatorio Austral, Clínica Viedma, Clínica Roca, Clínica Central, Policlínico Privado, IMEPA, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro. En Neuquén adhieren Clínica Pasteur, ADOS y Clínica Chapelco. En Chubut participan Clínica del Valle, Clínica San Miguel, Sanatorio de la Ciudad e Instituto Cardiovascular Rawson. Por último, en La Pampa suscriben Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina, Clínica Modelo, Clínica Regional, Diagnóstico Integral Médico, Clínica Santa Teresita y Fundación Faerac.

El paro cuenta con el respaldo unánime de las principales instituciones médicas de la región. De cara al lunes 24, los más de 300.000 afiliados de PAMI en estas cuatro provincias deberán buscar atención exclusivamente en el sistema público de salud, que ya de por sí opera con recursos ajustados. La medida enciende las alarmas sobre la sostenibilidad de un modelo que, según los prestadores, hace tiempo viene funcionando a pérdida.