Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro busca que el Servicio Penitenciario Provincial pueda detectar e inhabilitar teléfonos móviles no autorizados en los establecimientos carcelarios. La iniciativa, impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla del PRN, propone adherir al sistema nacional de bloqueo de dispositivos. La medida apunta a reforzar la seguridad sin vulnerar el derecho a la comunicación de los internos.

La Legislatura de Río Negro tiene sobre la mesa una propuesta que podría cambiar el control interno de los establecimientos penitenciarios de la provincia. Se trata de un proyecto que habilita al Servicio Penitenciario Provincial a detectar e inhabilitar teléfonos celulares que ingresen de forma no autorizada a las cárceles, una problemática que afecta a múltiples sistemas penitenciarios del país.

La iniciativa fue presentada por la legisladora Yolanda Mansilla, perteneciente al Partido Rionegrino (PRN), y plantea el bloqueo de dispositivos a través de la inhabilitación del IMEI —el número de identificación único de cada equipo—, el IMSI —que identifica al usuario dentro de la red móvil— y la línea telefónica asociada. De esta manera, los teléfonos detectados como no autorizados quedarían completamente inutilizados dentro del perímetro carcelario.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la adhesión de Río Negro al procedimiento nacional de detección, identificación y bloqueo de dispositivos móviles, lo que permitiría articular acciones con organismos federales y homogeneizar los criterios de intervención. Además, el proyecto establece mecanismos de registro y trazabilidad para documentar cada caso de bloqueo, brindando mayor transparencia y control sobre el proceso.

Un punto que la legisladora se encargó de dejar en claro es que la medida no apunta a restringir el derecho de las personas privadas de libertad a comunicarse con sus familiares, allegados, defensores y autoridades judiciales. En ese sentido, el proyecto busca equilibrar la seguridad penitenciaria con las garantías legales que le corresponden a los internos, diferenciando entre el uso ilegal de teléfonos y los canales de comunicación legítimos habilitados reglamentariamente.

La circulación de celulares no autorizados en las cárceles es un problema extendido en todo el país, ya que su uso ha sido vinculado a la coordinación de actividades delictivas desde el interior de los establecimientos. Con este proyecto, Río Negro busca dotarse de herramientas técnicas y legales para hacer frente a esa realidad.