El Gobierno provincial ordenó la suspensión de las actividades en el yacimiento Calcatreu tras verificar que la compañía a cargo no cumplió con los compromisos asumidos ante la Provincia, el municipio de Ingeniero Jacobacci y la comunidad local. La medida deja en claro que el Estado rionegrino no tolerará que las inversiones avancen por encima de los acuerdos que protegen a los habitantes de la región.

El Gobierno de Río Negro tomó una contundente decisión respecto al proyecto minero Calcatreu: ordenó la paralización de todas las tareas que se venían desarrollando en el yacimiento. La medida se fundamenta en el incumplimiento de compromisos concretos que la empresa operadora había asumido formalmente con la Provincia, con el Municipio de Ingeniero Jacobacci y con la comunidad de la zona.

Según informó el Ejecutivo provincial, los acuerdos incumplidos estaban orientados a garantizar empleo genuino, capacitación laboral y oportunidades reales para los trabajadores y trabajadoras rionegrinas. Al no verse reflejados esos compromisos en la práctica, la administración provincial decidió frenar el avance del proyecto hasta que se regularice la situación.

Desde el Gobierno de Río Negro remarcaron que la posición institucional no implica un rechazo a las inversiones ni al desarrollo productivo, sino todo lo contrario: la Provincia se muestra dispuesta a acompañar iniciativas de este tipo, pero bajo la condición de que se respeten los marcos acordados y que el beneficio llegue efectivamente a la comunidad local. ‘Río Negro acompaña las inversiones y el desarrollo productivo, pero no va a permitir que se avance desconociendo acuerdos destinados a garantizar empleo, capacitación y oportunidades reales para los rionegrinos’, señalaron desde el Ejecutivo.

Calcatreu es un proyecto de exploración y potencial explotación minera ubicado en la zona de Ingeniero Jacobacci, en la línea sur de la provincia. Su desarrollo generó expectativas laborales en una región que históricamente enfrenta dificultades económicas y despoblamiento, lo que hace aún más sensible el cumplimiento de las promesas vinculadas al trabajo local.

La suspensión marca un precedente importante en la relación entre el Estado provincial y las empresas del sector extractivo que operan en el territorio rionegrino. El mensaje es claro: los acuerdos no son declaraciones de intención sino compromisos vinculantes, y su incumplimiento tiene consecuencias directas sobre la continuidad de los proyectos.