La Legislatura rionegrina sancionó en segunda vuelta la ley que crea el Protocolo Provincial de Activación para la búsqueda urgente de personas menores de 18 años desaparecidas o extraviadas. La norma elimina los plazos de espera para tomar denuncias y obliga a iniciar las actuaciones de forma inmediata. También se aprobó una ley sobre el registro de objeción a transfusiones sanguíneas.

La Legislatura de Río Negro dio un paso clave en materia de protección de la infancia al sancionar este jueves, en segunda vuelta, la ley que crea el ‘Alerta Sofía’ en la provincia. La norma establece un Protocolo Provincial de Activación destinado a la búsqueda, localización urgente y resguardo de personas menores de 18 años que se encuentren desaparecidas o extraviadas en territorio rionegrino.

Uno de los puntos centrales de la legislación es la eliminación de cualquier plazo mínimo de espera para radicar una denuncia. A partir de ahora, todas las dependencias policiales, judiciales o administrativas de la provincia deberán recibir las denuncias de manera inmediata, sin exigir que haya transcurrido un tiempo determinado ni que se acrediten circunstancias especiales previas. La negativa o la demora injustificada a tomar una denuncia será considerada una falta grave para el agente o funcionario responsable.

Una vez recibida la denuncia, las autoridades deberán iniciar de forma inmediata las actuaciones de búsqueda, localización y resguardo de la persona desaparecida. La evaluación para activar formalmente la Alerta Sofía deberá realizarse dentro de las tres horas siguientes a la presentación de la denuncia. Sin embargo, la alerta podrá activarse de manera inmediata cuando exista un peligro inminente para la vida o la integridad física de la persona buscada, o cuando se trate de alguien con discapacidad.

El sistema contempla una serie de requisitos para su activación: que la persona buscada sea menor de 18 años, que exista una denuncia formal, que se presuma un riesgo grave, que haya datos suficientes para identificarla y que la difusión pública pueda contribuir efectivamente a localizarla. Cuando se cumplen estas condiciones, el protocolo habilita la movilización coordinada de fuerzas de seguridad y la difusión masiva de información para agilizar la búsqueda.

En la misma sesión, el Parlamento rionegrino también aprobó otra norma de interés social: la creación de un registro provincial en el que las personas podrán dejar asentada anticipadamente su decisión de no recibir transfusiones sanguíneas por razones religiosas o de conciencia. Esta ley busca garantizar el respeto a la voluntad del individuo en situaciones médicas, otorgando validez jurídica a una decisión tomada con anterioridad a cualquier emergencia sanitaria.