Presentaron un pedido de informes a la Secretaría de Energía de Río Negro ante el riesgo que representa la situación financiera de la empresa concesionaria

Los bloques de Legisladores del Partido Justicialista - Nuevo Encuentro (PJ-NE) y Vamos con Todos (VcT) presentaron formalmente un pedido de informes a la Secretaría de Energía provincial, a raíz de la declaración de default técnico por parte de la empresa Aconcagua Energía S.A., concesionaria de diversas áreas hidrocarburíferas en la provincia.
 
La empresa, con varios contratos de exploración y explotación vigentes desde hace unos años y otros que fueron prorrogados con aval legislativo entre fines de 2024 y comienzos del 2025, notificó su situación de default técnico con fecha 19 de junio de 2025. Esto encendió las alertas dentro del bloque legislativo, debido a las potenciales consecuencias económicas, legales y operativas que podría acarrear para la provincia.
 
Durante todo el proceso de renovación y tratamiento de dichos contratos en comisiones legislativas, los legisladores del PJ–NE solicitaron reiteradamente el acceso a expedientes clave, especialmente los que contenían información financiera, niveles de inversión comprometidos y garantías fiscales por parte de las empresas involucradas. Sin embargo, esos documentos nunca fueron remitidos, lo que impidió un análisis integral del estado real de las concesionarias.
 
“Lamentamos que la falta de debate transparente y acceso a documentación crítica haya derivado en una situación de riesgo económico para la provincia. Hoy vemos las consecuencias de haber aprobado contratos sin conocer el estado financiero real de una empresa concesionaria”, señalaron desde los bloques.
 
En el pedido de informes se solicita a la Secretaría que detalle el nivel de avance de las inversiones comprometidas por Aconcagua Energía S.A. en las áreas concesionadas y se requiere una explicación de los estados financieros y de resultados que motivaron la reciente renegociación con la empresa, considerando que ya figuraba en la  Comisión Nacional de Valores que la compañía mantenía un pasivo equivalente al 51 % de sus activos.
 
Frente a este contexto, el bloque interroga además sobre qué acciones legales y económicas ha previsto el Estado provincial para exigir a la empresa la reparación del posible daño ocasionado, así como qué instrumentos legales o garantías existen para asegurar las inversiones comprometidas en caso de incumplimiento.