El bloque PJ-NE votó en contra de los contratos de prórroga

La legisladora Ana Marks expuso en el recinto las razones del voto negativo de su bloque a los dos proyectos del Poder Ejecutivo que ratifican los contratos de prórroga por 10 años de las concesiones hidrocarburíferas a las empresas Petróleos Sudamericanos S.A. y JRC S.A. En su intervención, Marks criticó el contexto de entrega de soberanía en el que se dan estas negociaciones y cuestionó las condiciones desventajosas en las que la provincia cede sus recursos.

“No es posible analizar estas prórrogas sin contextualizar al menos dos procesos que han condicionado la política energética provincial: la adhesión al RIGI a través de la ley 5724 y la renegociación de concesiones establecida en la ley 5733”, sostuvo. 

En referencia a la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la legisladora señaló que se trató de un acto de “sumisión innecesaria” hacia el Gobierno nacional, que ha perjudicado a la provincia con recortes de fondos y obras paralizadas. En este sentido, mencionó el incumplimiento de la Nación en “la construcción de alguna rotonda y la falta de envíos de recursos comprometidos”.

Por otro lado, Marks cuestionó los términos de la ley 5733, que estableció los parámetros en los que se negocian las prórrogas, advirtiendo que el Estado provincial se encuentra en una posición de debilidad. “Los pocos recursos que ingresan, las regalías negociadas a la baja y la mirada cortoplacista priorizan el ingreso inmediato de dólares en lugar de una política energética que desarrolle nuestro potencial como provincia productora”, afirmó.

Asimismo, la legisladora remarcó la desproporción entre los beneficios que reciben las empresas y los magros ingresos que obtiene la provincia. “Por seguir explotando nuestros recursos durante 10 años, las empresas aportarán bonos de prórroga por montos irrisorios: 2 millones y 4,8 millones de dólares, respectivamente. Para ponerlo en perspectiva, faltan 3.000 millones de pesos para terminar la terminal de ómnibus de Bariloche, la refacción del hospital de Chimpay está presupuestada en 1.200 millones y reasfaltar la Ruta 80 cuesta 2.200 millones. Ni siquiera el supuesto “aporte al desarrollo social” de entre 25 y 50 millones de pesos alcanza para comprar un patrullero”, detalló.

Marks enfatizó que estas negociaciones reflejan la falta de autonomía provincial en la política hidrocarburífera. “El RIGI nacional hirió de muerte la soberanía energética y la 
propiedad provincial de los recursos, consagradas en la Constitución. En este contexto de entrega absoluta, lo que estamos aprobando hoy demuestra que la provincia no negoció nada. Por el contrario, nos limitaron con leyes que nos quitan libertad y autonomía”, sentenció.

Finalmente, la parlamentaria cuestionó la actitud del oficialismo provincial frente a estas decisiones. “Juntos Somos Río Negro dice defender la autonomía en sus discursos de campaña, pero en los hechos la entrega con adhesiones anticipadas. Son adherentes como la babosa”, concluyó.