La Secretaría de Trabajo de Río Negro participó en un operativo en el que se rescató a un grupo de trabajadores provenientes de la provincia de Corrientes en un establecimiento ubicado sobre la Ruta Provincial 250, entre San Javier y Guardia Mitre.

La intervención, en lo que respecta a la cuestión laboral, estuvo a cargo del subsecretario de Fiscalización, Sumarios y Multas, Sergio Ortiz, junto a un equipo de inspectores del área. Durante el procedimiento, se llevó a cabo un relevamiento de los trabajadores y se solicitó documentación a la empresa, que deberá acreditar la relación laboral con cada una de las personas encontradas en el establecimiento rural. Además, se verificaron las condiciones de higiene y seguridad en las viviendas donde residían los empleados.

Este operativo contó con la participación del Programa de Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata, del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro, y la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas. La intervención conjunta permitió evaluar si existían indicios de explotación laboral y eventuales violaciones a la normativa vigente.

La Secretaría de Trabajo mantiene estas inspecciones de manera continua en todo el territorio rionegrino. Durante el año pasado, se realizaron 4.068 fiscalizaciones en distintas regiones de la provincia y se relevaron 21.679 trabajadores.

Para detectar posibles situaciones de trata laboral, se consideran diversos factores determinantes, tales como las condiciones de captación y traslado de los trabajadores, el cumplimiento de la jornada laboral y el pago de salarios adecuados, la existencia de restricciones de movilidad, así como el acceso a condiciones de vida dignas. En caso de sospecha, la intervención de la Justicia Federal y otros organismos especializados es clave para garantizar la protección de las víctimas y la judicialización de los responsables.

La Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas establece que la explotación laboral se configura cuando hay abuso de la vulnerabilidad, condiciones degradantes o cuando se impide a la persona disponer libremente de su trabajo. En estos operativos, la articulación entre diferentes instituciones resulta fundamental para erradicar este tipo de delitos y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.