El caso por la muerte de la joven avanzó a la etapa de juzgamiento tras la audiencia de control de acusación celebrada este martes. Un efectivo de la Policía de Río Negro está imputado por haberle disparado con su arma reglamentaria en el interior de la vivienda de la víctima. El hecho es investigado en un contexto de violencia de género.

La causa por el femicidio de Civardi superó este martes una etapa clave del proceso judicial. Tras la audiencia de control de acusación, el juez de juicio Sergio Pichetto habilitó el pase a la etapa de juzgamiento, que se desarrollará ante un jurado popular. El imputado es un integrante de la Policía de Río Negro.

Durante la audiencia, la fiscal del caso Sofía Ocampo y el fiscal jefe Martín Lozada sostuvieron que el hecho ocurrió durante la madrugada, en el interior de la vivienda de la víctima. Según la acusación, el efectivo policial habría efectuado un disparo a corta distancia con su arma reglamentaria calibre 9 milímetros, lo que provocó la muerte de Civardi. La Fiscalía encuadró el hecho en un contexto de violencia de género, en el marco de una relación de noviazgo reciente entre ambos.

La querella adhirió tanto a la descripción del hecho como a la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal, y también al ofrecimiento de los elementos de prueba que se producirán durante el debate. La postura unificada entre acusación pública y particular reforzó el pedido de avanzar hacia el juicio.

Por su parte, la defensa cuestionó la formulación de la acusación y argumentó que la descripción del contexto de violencia de género debía ser más detallada. Solicitó la corrección de los aspectos que consideró insuficientes y planteó, de manera subsidiaria, el sobreseimiento del imputado. Sin embargo, el juez Pichetto no hizo lugar a estos planteos y habilitó el paso a la etapa de juzgamiento.

En el debate se producirá un amplio conjunto de pruebas ya admitidas, entre las que se encuentran informes forenses, estudios balísticos y genéticos, análisis de dispositivos electrónicos y comunicaciones, registros de cámaras de seguridad, inspecciones realizadas en el lugar del hecho y la reconstrucción de la secuencia de los acontecimientos.

En cuanto a la situación procesal del imputado, la Fiscalía solicitó que se mantuviera la prisión preventiva hasta la finalización del debate. Para fundamentar el pedido, invocó la persistencia de los riesgos procesales, la necesidad de proteger a quienes declararán durante el juicio y la expectativa de pena que corresponde a la calificación legal aplicada. El juez Pichetto hizo lugar al pedido y extendió la medida cautelar hasta la conclusión del juicio.

No obstante, ante un planteo de la defensa vinculado con el lugar de alojamiento del imputado, el magistrado dispuso que se evalúe prioritariamente la posibilidad de que el efectivo permanezca en Bariloche, siempre que estén garantizadas las condiciones de seguridad necesarias, con el objetivo de facilitar el ejercicio de su defensa.

Concluida esta etapa, se requirió a la Oficina Judicial que fije la fecha del debate y lleve adelante la organización y la logística necesarias para la conformación del jurado popular y la realización del juicio oral.