Dos proyectos de ley en la Legislatura provincial buscan otorgar puntaje adicional a los docentes que se formaron y residen en Río Negro al momento de aspirar a cargos en el sistema educativo. Las iniciativas de JSRN y PRO apuntan a priorizar el arraigo local ante la alta movilidad docente en las ciudades limítrofes.

La Legislatura de Río Negro analiza dos proyectos de ley que proponen modificar el estatuto docente para otorgar mayor puntaje a los educadores que residen y se formaron en la provincia. Las iniciativas buscan dar prioridad en la asignación de cargos del Consejo Provincial de Educación a quienes tengan arraigo local, en un contexto de alta movilidad docente entre localidades limítrofes con otras provincias.

La realidad geográfica de Río Negro, con ciudades como Viedma-Carmen de Patagones (Buenos Aires), Cipolletti-Neuquén, Catriel-25 de Mayo (La Pampa), Río Colorado-La Adela (La Pampa) y El Bolsón con las localidades chubutenses de Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén, genera un constante movimiento de docentes entre jurisdicciones. A esto se suma el impacto de la baja natalidad, que provocó una caída del 40 por ciento en la matrícula escolar durante la última década, especialmente en los niveles Inicial y Primario.

La propuesta del oficialismo fue presentada por la legisladora de JSRN Soraya Yahuar, quien plantea establecer un puntaje especial de 4 puntos en la apertura de legajo para docentes que posean domicilio legal en la provincia. El proyecto también otorga 4 puntos a quienes tengan título de alguno de los institutos de formación docente de Río Negro, y 3 puntos para egresados de carreras afines de las universidades nacionales de Río Negro y del Comahue.

En los fundamentos de su iniciativa, Yahuar destacó que ‘la educación rionegrina tiene un gran desafío: diseñar e implementar nuevas políticas públicas en educación, donde la formación docente fortalezca el conocimiento del entorno donde se inserta la escuela, los ambientes socio productivos, culturales y políticos’. Según la legisladora de la Región Sur, esto permitirá ‘adaptar la enseñanza a la realidad del educando, aumentando la motivación y relevancia del aprendizaje de los niños/as y jóvenes’.

Por su parte, el diputado del PRO-Unión Republicana Juan Martin presentó un proyecto que va en el mismo sentido pero con especificaciones diferentes. Su propuesta también fija un puntaje que parte de 4 puntos pero variable según la antigüedad, destinado a los docentes residentes. La diferencia es que este proyecto especifica que la residencia debe ser como mínimo de 3 años.

La iniciativa del PRO no habla de domicilio legal sino de acreditar mediante algún mecanismo la residencia ‘efectiva, probada e ininterrumpida’, dejando la excepción para quienes estuvieron temporariamente ausentes del territorio por cuestiones de formación. Además, el proyecto suma un ‘plus por arraigo rural’ para lugares donde las condiciones climáticas y geográficas son extremas.

Otro punto distintivo de la propuesta de Martin es que en caso de igualdad de puntaje para tomar un cargo, ‘se priorizará a quien acredite ser nacido en Río Negro o, en su defecto, posea mayor antigüedad viviendo dentro de la provincia’. En sus fundamentos, el legislador destacó la amplia red de institutos de formación docente provincial y la ‘falta de oportunidades’ que se genera por la falta de reconocimiento del ‘arraigo como valor agregado’.

Martin también admitió que el ‘federalismo’ permite la libre circulación de personas entre provincias, pero entendió que se debe reconocer con un puntaje especial a quienes se forman y residen en Río Negro. Ambos proyectos deberán ser tratados en comisiones antes de su eventual aprobación en el recinto legislativo.