El juez Adrián Dvorzak dispuso realizar en tandas la imputación de más de 100 efectivos policiales investigados por presentar certificados médicos apócrifos. La causa, impulsada por el gobernador Weretilneck, reveló un perjuicio millonario para el Estado provincial.

El proceso judicial por certificados médicos falsos dio su primer paso formal en Viedma, donde estaba prevista la audiencia de formulación de cargos contra más de un centenar de policías rionegrinos. Debido a la gran cantidad de involucrados y a que la mayoría participó de manera virtual desde distintas localidades, el juez Adrián Dvorzak resolvió reprogramar la imputación para realizarla en grupos de 20 personas.

La medida judicial busca garantizar el debido proceso y asegurar que cada agente comprenda con claridad los hechos que se le atribuyen. La causa investiga la presunta presentación de certificaciones apócrifas por parte de efectivos policiales, lo que representa un perjuicio económico millonario para las arcas provinciales.

La denuncia original fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck a través de la Fiscalía de Estado, con el objetivo de defender los recursos de la Provincia y priorizar los intereses de los rionegrinos. La investigación surgió a partir de las políticas de control del ausentismo implementadas por la Secretaría de la Función Pública.

Las auditorías permitieron detectar un patrón alarmante en la emisión de certificaciones irregulares, identificando circuitos de certificados apócrifos y profesionales de la salud que otorgaban licencias de manera indiscriminada. En algunos casos extremos, se registraron médicos que habían otorgado hasta 2.000 días de licencia, lo que derivó en denuncias penales y sumarios administrativos.

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, quien asistió a la audiencia, defendió la firmeza de las acciones del Estado provincial. ‘Aunque muchas veces hablar de sanciones en el Estado puede sonar antipático, en realidad esta firmeza busca respaldar a los trabajadores que sí cumplen, ellos también se ven perjudicados cuando un compañero abusa del sistema para evitar sus responsabilidades’, explicó.

Lastra también remarcó el impacto que esta situación tiene sobre la ciudadanía: ‘Fundamentalmente, impacta en los rionegrinos y rionegrinas: en esta causa se investiga a más de 100 policías por el uso de certificados apócrifos. Si la acusación se comprueba, estamos hablando de efectivos que no estaban en sus puestos de trabajo cuidando a los vecinos’.

Este proceso judicial se enmarca en un contexto de cambio de cultura política impulsado por el Gobierno de Río Negro, con acciones de auditoría constante y reordenamiento del Estado que buscan eliminar privilegios y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.