La legisladora Magdalena Odarda denunció que la empresa de gas estaría evadiendo la aplicación de la norma que impide cortar servicios esenciales a sectores vulnerables. El caso se registró en Cinco Saltos, donde Camuzzi alegó que opera bajo regulación nacional para rechazar la ley rionegrina.

La reciente promulgación de la ley provincial que prohíbe el corte de servicios esenciales a sectores vulnerables enfrenta sus primeros obstáculos en la etapa de implementación. La legisladora Magdalena Odarda, referente de Vamos con Todos e impulsora de la iniciativa, advirtió que empresas prestadoras ya están cuestionando la aplicación de la norma.

Odarda recibió documentación sobre un caso en Cinco Saltos donde Camuzzi habría rechazado aplicar la ley, argumentando que el servicio de gas se encuentra bajo regulación nacional. Frente a esta situación, la legisladora fue contundente: ‘Camuzzi opera en Río Negro, tiene usuarios y consumidores en Río Negro y está obligada a cumplir las leyes de Río Negro’, sostuvo.

La legisladora explicó que desde su bloque, que impulsó la norma junto al PJ-Nuevo Encuentro, elaboraron formularios para facilitar tanto el acceso al beneficio como la presentación de denuncias ante posibles incumplimientos. El objetivo es eliminar barreras burocráticas que dificulten el ejercicio de este derecho por parte de las personas alcanzadas por la ley.

En ese marco, Odarda mantuvo reuniones con Alejandro Palmieri, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, organismo designado como autoridad de aplicación. Si bien percibe voluntad de hacer cumplir la legislación, consideró necesario simplificar los mecanismos de reclamo.

‘Le propuse que exista un número de WhatsApp para recibir denuncias. Hoy pedir que una persona mayor ingrese a una página, cargue un usuario y una contraseña termina siendo una barrera de acceso’, afirmó la legisladora. También recordó que la Defensoría del Pueblo provincial puede recibir presentaciones vinculadas con incumplimientos.

Odarda insistió en aclarar el alcance de la norma: no implica condonar deudas, sino impedir la interrupción de servicios mientras se instrumentan planes de pago que permitan regularizar la situación. ‘El gas, la luz y el agua no son bienes de lujo; son indispensables para una vida digna. Cortarlos a una familia vulnerable en pleno invierno sería una situación inhumana’, concluyó.