La provincia firmó un convenio para coordinar el cumplimiento de trabajos no remunerados en instituciones de bien público. El acuerdo articula distintas áreas del Estado provincial bajo la órbita del Instituto de Asistencia a Personas en Libertad (IAPL). La iniciativa apunta a vincular las disposiciones judiciales con un aporte concreto a la comunidad.

La provincia de Río Negro formalizó la ampliación del programa de horas comunitarias mediante la firma de un convenio entre la Secretaría General de Gobierno, el Ministerio de Seguridad y Justicia, y el Instituto de Asistencia a Personas en Libertad (IAPL). El acuerdo fue suscripto por el Secretario General de Gobierno, Nelson Cides; el Secretario de Justicia, Manuel Casariego; y el presidente del IAPL, Fabián de la Guarda.

La iniciativa tiene como objetivo coordinar y desarrollar actividades destinadas a personas que deben cumplir pautas de conducta establecidas por la autoridad judicial, específicamente aquellas vinculadas con la realización de horas comunitarias o trabajos no remunerados en instituciones de bien público. A través de este marco, el Estado provincial busca que el cumplimiento de las disposiciones judiciales no sea solo una obligación formal, sino que también se traduzca en un aporte tangible para la sociedad.

En ese sentido, la Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Seguridad y Justicia asumen la tarea de articular el trabajo de las distintas áreas provinciales involucradas, con el fin de facilitar el cumplimiento de estas medidas de manera organizada y efectiva. La coordinación interinstitucional es considerada clave para que el programa funcione de forma coherente en los distintos puntos del territorio rionegrino.

Desde el gobierno provincial destacaron que la medida promueve la responsabilidad individual y la participación activa de las personas que se encuentran bajo supervisión del IAPL. La apuesta es que quienes transitan este proceso puedan reintegrarse progresivamente a la vida comunitaria mediante acciones concretas que beneficien al conjunto de la sociedad.

El convenio se enmarca dentro de una línea de trabajo más amplia que lleva adelante la provincia, orientada a generar herramientas de acompañamiento y reinserción social. La propuesta busca así equilibrar el cumplimiento de las obligaciones judiciales con un enfoque que privilegie la reintegración y el vínculo entre las personas bajo supervisión y las comunidades en las que habitan.