La Legislatura rionegrina aprobó la creación del REPROESRN, un registro gratuito y voluntario para mantener el contacto con los jóvenes que emigran a otras provincias para cursar estudios superiores. La iniciativa también contempla un programa de apoyo integral con beneficios en vivienda, salud y trabajo. El Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentarla.

La Legislatura de Río Negro dio un paso concreto para atender una problemática que afecta a muchas familias de la provincia: la emigración de jóvenes hacia otras regiones del país en busca de ofertas educativas de nivel superior. A través de una nueva ley, se creó el Registro Provincial de Estudiantes Rionegrinos en el Exterior Provincial, conocido por sus siglas como REPROESRN.

El registro será de inscripción gratuita y voluntaria, y tiene como objetivo principal conocer y mantener el contacto con aquellos estudiantes que deben trasladarse fuera de Río Negro para acceder a carreras universitarias o terciarias. Una vez en funcionamiento, el sistema permitirá contar con información actualizada sobre el lugar donde reside cada estudiante, la institución en la que se forma y la carrera que cursa.

Pero la norma va más allá de un simple relevamiento de datos. La ley prevé la creación de un Programa de Apoyo Integral que buscará acompañar a esos jóvenes durante su trayecto académico fuera de la provincia. Entre las medidas contempladas se incluye la promoción de convenios para facilitar el acceso a vivienda, atención médica y psicológica, pasantías y oportunidades laborales en sus lugares de destino.

Otro aspecto destacado de la iniciativa es que también se propone estudiar incentivos para quienes decidan regresar a Río Negro una vez finalizados sus estudios. Este punto apunta directamente a revertir el fenómeno conocido como ‘fuga de talentos’, mediante el cual muchos profesionales formados fuera de la provincia no retornan a ella, privando al territorio de recursos humanos calificados.

La responsabilidad de administrar el registro recaerá sobre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia. A su vez, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la norma en un plazo máximo de 90 días a partir de su promulgación, para que la ley pueda comenzar a aplicarse de manera efectiva en el menor tiempo posible.