El legislador César Domínguez presentó un proyecto para eliminar el uso de dispositivos móviles en establecimientos penitenciarios de la provincia. La medida busca desarticular la organización de delitos desde las celdas y reemplazar la comunicación actual por un sistema controlado de telefonía fija.

Un proyecto de ley presentado por el legislador de Primero Río Negro, César Domínguez, propone prohibir definitivamente el uso de celulares en las cárceles provinciales. La iniciativa apunta tanto a la tenencia de equipos por parte de los detenidos como al ingreso de los mismos por terceros, además de restringir el acceso al WIFI.

La medida surge tras la implementación durante la pandemia de COVID-19 de la posibilidad de que los presos tuvieran celulares con acceso a internet en todo el sistema carcelario argentino. Según el autor del proyecto, ya superada la emergencia sanitaria, esta medida ‘no tiene sustento jurídico ni fáctico’.

El objetivo principal de la propuesta es desarticular la organización de delitos desde las celdas, implementando en su lugar un sistema estricto de comunicaciones institucionales controladas exclusivamente a través de telefonía fija. Domínguez fundamentó su posición señalando que el celular ‘no es un derecho vulnerado, constituye un arma que se usa para extorsionar, para estafar, para amenazar y hasta organizar secuestros’.

Según el proyecto, será el Ministerio de Seguridad y Justicia el encargado del bloqueo e inhibición de toda señal de telefonía móvil dentro de los perímetros carcelarios. El nuevo régimen establecerá que las comunicaciones de los internos estarán restringidas a horarios específicos, con una duración máxima de cinco minutos y mediadas por una operadora.

Río Negro seguiría así el ejemplo de Chubut, cuya Legislatura aprobó por amplia mayoría el 9 de abril una ley similar que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles en establecimientos penitenciarios. La iniciativa chubutense armoniza con la ley nacional vigente y también introdujo un régimen de comunicaciones controladas que garantiza el derecho a la comunicación respetando los derechos humanos, con el objetivo de proteger la seguridad pública y prevenir delitos como estafas y extorsiones cometidos desde las cárceles.