La Legislatura rionegrina aprobó en primera vuelta y por unanimidad un proyecto que prohíbe salir del domicilio entre las 20 y las 8 horas a todas las personas sometidas a monitoreo electrónico, sin importar su situación procesal. La iniciativa surgió a raíz de casos vinculados a la violencia de género y cobró mayor relevancia tras el crimen del comerciante Elías Miguel en Bariloche. El debate dejó al descubierto una alarmante desproporción entre la cantidad de personas monitoreadas y los recursos humanos disponibles para controlarlas.

La Legislatura de Río Negro dio media sanción, este jueves, a un proyecto que establece una restricción horaria nocturna para todas las personas que utilizan dispositivos de monitoreo electrónico —tobilleras o pulseras— por disposición judicial. La norma, aprobada en primera vuelta y por unanimidad, impide salir del domicilio entre las 20 y las 8 horas del día siguiente, y alcanza a quienes cumplen condenas en prisión domiciliaria, a imputados con prisión preventiva domiciliaria e incluso a quienes tienen el dispositivo como medida cautelar sin una orden de arresto domiciliario.

La propuesta fue impulsada por los legisladores Lucas Pica y Facundo López, del bloque Juntos Somos Río Negro (JSRN). ‘La restricción horaria es para todos aquellos que están monitoreados y que tienen pulsera electrónica o tobillera electrónica’, precisó Pica durante el debate. El legislador aclaró además que los jueces no podrán hacer excepciones salvo en casos de emergencia médica, y que la medida apunta a establecer una regla uniforme independientemente de la situación procesal de cada persona.

Según explicó Pica, la iniciativa nació originalmente a partir de situaciones vinculadas a la violencia de género, dado que una parte importante de las violaciones a las restricciones perimetrales ocurre durante las horas nocturnas. Con el tiempo, y luego de las modificaciones introducidas durante el tratamiento en comisiones, se resolvió extender la medida a todas las modalidades de monitoreo electrónico. La inclusión expresa de quienes ya cumplen prisión domiciliaria, que por definición deben permanecer en sus viviendas, tuvo como objetivo impedir que los jueces autoricen salidas transitorias nocturnas.

Uno de los momentos más impactantes del debate llegó de la mano de la legisladora Martina Lacour, quien acompañó el proyecto pero advirtió que las nuevas restricciones no servirán de nada si el Estado no garantiza los recursos para hacerlas cumplir. Para fundamentar su posición, recordó el asesinato del comerciante barilochense Elías Miguel, ocurrido el 17 de mayo, y señaló que uno de los involucrados, Juan Antonio Bonefoi, llevaba una tobillera electrónica al momento del hecho. Lacour reveló que solicitó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad para saber si el dispositivo había generado alguna alerta aquella noche, y la respuesta fue que no se había registrado ninguna.

‘¿Cómo puede ser que alguien que estaba sometido a monitoreo electrónico haya participado de un delito en el que muere este comerciante sin que el sistema haya detectado ninguna alerta?’, cuestionó Lacour ante sus pares. La legisladora aportó además un dato que encendió las alarmas: en la provincia hay actualmente 463 personas monitoreadas electrónicamente, pero solo siete agentes distribuidos en tres turnos para supervisar el sistema. ‘No alcanza con establecer nuevas prohibiciones si no somos capaces de garantizar que se cumplan las que ya existen’, sostuvo.

Lacour también recordó que desde 2021 existe un protocolo provincial de actuación elaborado en conjunto por las autoridades de Seguridad, el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General. ‘El problema no parece ser la falta de normas. La pregunta es si estos controles están funcionando y qué es lo que está haciendo el Estado para garantizarlo’, expresó. Anunció además que solicitará nuevas explicaciones al Ministerio de Seguridad sobre los recursos humanos y tecnológicos disponibles en la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME).

Desde el bloque PRO Unión Republicana, el legislador Juan Martín también respaldó la iniciativa, aunque puso el foco en la responsabilidad de la Justicia para hacer cumplir lo que se legisle. ‘La prisión domiciliaria es una medida privativa de la libertad y una medida privativa de la libertad tiene que cumplirse, ni más ni menos’, afirmó. Y advirtió: ‘Esperemos que después los jueces hagan lo suyo, porque si no corremos el riesgo de que esta buena iniciativa caiga en letra muerta’. Martín aprovechó además para reclamar el tratamiento de otros proyectos de seguridad que, según dijo, ‘duermen en el cajón de los proyectos incómodos’, entre ellos la inhibición de señales de telefonía celular en las cárceles y la llamada ley antibúnker contra el narcotráfico.

El legislador Santiago Ibarrolaza también sumó su voto favorable y apuntó contra la falta de debate político sobre la inseguridad. ‘La política no quiere debatir, ha clausurado el debate de la inseguridad en Argentina. Y la verdad que la inseguridad es un flagelo de todos los días que tenemos los argentinos’, expresó. El proyecto deberá pasar por una segunda vuelta legislativa antes de convertirse en ley.