Un fallo judicial sacudió al gobierno provincial al declarar inconstitucional el sistema de control de asistencia mediante biometría facial y geolocalización para trabajadores del Ministerio de Salud de Río Negro. La resolución fue dictada por el juez de amparo de la Cámara Segunda del Trabajo de Roca, Juan Ambrosio Huenumilla. El magistrado entendió que la medida impuesta por la Secretaría de la Función Pública vulnera derechos fundamentales de los empleados.

El juez de amparo de la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca, Juan Ambrosio Huenumilla, emitió una sentencia que declaró inconstitucional la obligatoriedad del sistema de control de asistencia por biometría facial y geolocalización para un grupo de trabajadores del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro.

El sistema en cuestión había sido dispuesto por la Secretaría de la Función Pública provincial como mecanismo de registro y seguimiento de la presencia de los agentes estatales en sus lugares de trabajo. Sin embargo, el fallo judicial consideró que su imposición de manera obligatoria excede los límites que la Constitución permite en materia de derechos individuales y laborales.

Según trascendió, la sentencia estableció que la implementación de este tipo de tecnología —que implica el registro de datos biométricos como el rostro y la ubicación geográfica en tiempo real— vulnera derechos de los trabajadores, en particular aquellos vinculados a la privacidad e integridad personal. El uso compulsivo de este tipo de datos sensibles sin el consentimiento pleno de los afectados fue uno de los ejes del análisis judicial.

El fallo beneficia a un grupo específico de empleados del área de Salud que habían recurrido a la Justicia para frenar la aplicación del sistema, y sienta un precedente de relevancia para el resto de los agentes de la administración pública provincial que se encuentran en situaciones similares.

Esta resolución abre un nuevo debate en la provincia respecto de los límites del Estado para implementar herramientas tecnológicas de control sobre sus empleados, y pone en el centro de la discusión la tensión entre la modernización administrativa y el resguardo de los derechos constitucionales de los trabajadores.