En el centro de la capital provincial hay más de 200 espacios exclusivos destinados a organismos del Estado nacional, provincial y municipal, mientras el resto de los vecinos debe buscar lugar y pagar por estacionar. Un proyecto busca terminar con esa disparidad y establecer criterios de equidad en el uso del espacio público.

Un relevamiento realizado en el microcentro y macrocentro de Viedma arrojó que existen más de 200 lugares de estacionamiento reservados para organismos nacionales, provinciales y municipales. El dato es el punto de partida de una iniciativa legislativa que propone eliminar esas reservas y que abrió un debate sobre el uso del espacio público en la capital rionegrina.

Mientras los empleados y funcionarios del Estado cuentan con un lugar asegurado frente a sus dependencias, el resto de los vecinos que llega al centro debe recorrer cuadras para encontrar una celda disponible y, además, pagar el estacionamiento medido y pago. Esa asimetría es precisamente la que busca corregir el proyecto impulsado por el bloque de concejales ‘Vamos con Todos’, integrado en esta iniciativa por Julián Algañarás y Lorena Jesica Alan.

La propuesta apunta a modificar la Ordenanza 6304, que regula el estacionamiento medido y pago en la ciudad y que actualmente permite reservar espacios para organismos públicos. Concretamente, se busca reemplazar los artículos 8° y 9° de esa normativa para eliminar las reservas destinadas a dependencias de los tres niveles del Estado.

Los fundamentos del proyecto señalan que el centro de Viedma concentra una cantidad inusualmente alta de organismos estatales, lo que agrava el problema respecto de otras ciudades. En ese contexto, los autores cuestionan que la normativa vigente permita afectar espacios de la vía pública para uso exclusivo de vehículos oficiales cuando, en la práctica, esos lugares son utilizados de manera habitual por funcionarios y personal de los organismos.

El proyecto también pone el foco en una situación que, según sus fundamentos, puede observarse cotidianamente: espacios reservados que permanecen buena parte de la mañana sin vehículos. En esos casos, el lugar queda vedado para el uso general aunque durante varias horas no esté siendo aprovechado por el organismo al que fue asignado.

Una de las voces más enfáticas en este debate fue la de Damián Torres, abogado y vicepresidente de La Libertad Avanza en Río Negro, quien también es mencionado como posible candidato a la intendencia de Viedma en 2027. A través de un video, Torres cuestionó los espacios reservados frente a ministerios y otras dependencias públicas y sostuvo que ‘casi todo el centro’ está ocupado por estacionamientos exclusivos. ‘Tenemos que romper con la mentalidad administrativa en Viedma’, afirmó.

Torres planteó que el ejercicio de una función pública no debería otorgar privilegios para estacionar. ‘No tenés más privilegios que cualquier ciudadano común, lo que tenés es que cumplir un rol específicamente por un determinado período’, argumentó. El único caso en el que admitió una excepción fue el del gobernador, cuyo espacio reservado consideró justificable por razones de seguridad. Para el resto de los funcionarios, en cambio, sostuvo que deberían estacionar como cualquier vecino y pagar el estacionamiento.

La eliminación de las reservas que propone el proyecto no sería absoluta. Se contemplan excepciones para situaciones con una necesidad objetiva de interés público, como espacios para personas con discapacidad, ambulancias, emergencias, fuerzas de seguridad en servicio y lugares para carga y descarga técnica indispensable, así como para ascenso y descenso de pasajeros. Sin embargo, hay una condición expresa: esas excepciones no podrían utilizarse como estacionamiento exclusivo o habitual de funcionarios, autoridades o personal de los organismos.

La iniciativa también apunta a terminar con las reservas informales. Propone prohibir que se restrinja el uso general de un espacio mediante conos, vallas, personal de custodia u otros mecanismos sin una autorización formal. Cada excepción debería estar respaldada por un acto administrativo fundado que identifique el motivo, la ubicación, la cantidad de espacios y el plazo de vigencia. La cartelería, además, tendría que indicar claramente la finalidad, los días y horarios y el tiempo máximo de permanencia.

Si el proyecto es aprobado, el Municipio tendría 30 días para relevar la totalidad de los espacios reservados o exclusivos dentro del área alcanzada por el estacionamiento medido y pago y retirar o adecuar las señalizaciones que contradigan la nueva regulación.

El debate sobre las reservas se da en un contexto más amplio: el Municipio de Viedma trabaja sobre una revisión general de la circulación y del uso del espacio público. La comuna administra directamente el Sistema de Estacionamiento Medido y Pago desde el 16 de marzo, luego de que finalizara la concesión anterior, lo que refuerza el interés oficial en ordenar el uso del espacio en el centro de la ciudad.