Una mujer con discapacidad auditiva de Roca obtuvo la propiedad exclusiva de su vivienda tras décadas de violencia de género. La Cámara de Apelaciones confirmó que ella se hizo cargo de todos los pagos mientras su expareja ocupaba el inmueble sin aportar económicamente.

Tras más de veinte años de violencia física, psicológica y económica, una mujer con discapacidad auditiva logró que la Justicia le reconozca la propiedad exclusiva de su vivienda en la ciudad de Roca. La decisión judicial pone fin a una situación en la que ella pagaba el alquiler de una habitación y un baño con su pensión, mientras su expareja permanecía en el inmueble sin contribuir a los gastos.

Durante años, la mujer se hizo cargo del pago de servicios y del canon locativo con sus propios recursos, pese a que la vivienda había sido adjudicada parcialmente al hombre durante la convivencia. Ante el incumplimiento de los acuerdos y el fracaso de una mediación, la mujer inició acciones judiciales para obtener la atribución del uso del inmueble, argumentando que sus hijos ya eran mayores y que su expareja continuaba ocupando la casa sin autorización ni realizar pagos.

La Justicia hizo lugar a la medida cautelar y ordenó el desalojo del hombre, decisión que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones. El tribunal resolvió que la vivienda corresponde en su totalidad a la mujer e instruyó al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) para que registre la propiedad exclusivamente a su nombre.

El fallo destacó que la mujer asumió de manera exclusiva el pago de las cuotas y la cancelación del crédito de la vivienda, mientras que el hombre no pudo acreditar aportes económicos, no pagó impuestos ni servicios, y mantuvo una actitud procesal pasiva. La resolución también consideró la situación de vulnerabilidad de la mujer y aplicó principios constitucionales de protección de personas con discapacidad y el derecho a una vivienda adecuada.