Los abogados de los condenados por estafa con planes sociales en Neuquén consideran ‘prematuro’ el pedido de la fiscalía para suspender los plazos procesales. El proceso tiene fecha límite el 29 de noviembre y los defensores confían en que el Tribunal Superior mantendrá su postura sobre los plazos ordenatorios.

Los abogados defensores de los imputados en la causa por estafa con planes sociales en Neuquén recibieron con cautela la decisión de la fiscalía de Delitos Económicos de solicitar la suspensión de los plazos procesales. La medida busca evitar que el proceso llegue al 29 de noviembre, fecha límite establecida para su duración total, sin estar finalizado.

Gonzalo Rodríguez, defensor del exministro Orlando Abel Di Luca -condenado a 5 años de prisión efectiva-, calificó el pedido como ‘prematuro’. ‘Todavía tenemos plazo hasta noviembre. Luego del fallo del Tribunal de Impugnación podríamos ver si es necesario’, señaló el letrado. Esa sentencia se conocerá después del 12 de agosto.

Por su parte, Fabián Flores, quien representa a Luis Gallo -condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva-, consideró que ‘la fiscalía está haciendo un control de daños previo, pero estéril: ya sabemos lo que piensa el Tribunal Superior de Justicia sobre esto’.

Rodríguez fue categórico al afirmar que ‘en el Código Procesal Penal de Neuquén ya no existen los plazos fatales, son todos ordenatorios’. Esta posición se vincula con la postura adoptada por la sala Penal del TSJ tras una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según el Código Procesal neuquino, la duración total del proceso en un caso complejo como la estafa con planes sociales puede extenderse por cuatro años. Vencido ese plazo, corresponde el sobreseimiento de todos los imputados. La constitucionalidad de ese artículo genera división: algunos jueces la acatan, mientras que el TSJ la rechaza.

Para evitar riesgos, el fiscal Juan Manuel Narváez solicitó una audiencia que se realizará el 1 de abril próximo ante el juez Luis Giorgetti, donde pedirá la suspensión de plazos procesales. En términos simples, busca pausar el reloj que controla los tiempos del proceso.

Ambos defensores coincidieron en que se trata de una medida innecesaria. Rodríguez la calificó como ‘estéril’ ya que ‘el Tribunal Superior ya marcó postura’, mientras que Flores agregó que ‘no hay un peligro concreto en este momento’ y que el pedido no obedece a ‘causa de fuerza mayor o caso fortuito’, que son los supuestos contemplados en el Código.

La investigación comenzó el 28 de junio de 2022 a las 10:20, cuando un hombre denunció en la comisaría Tercera que le habían vaciado la cuenta donde cobraba un plan social. La primera formulación de cargos se produjo cinco meses después, el 29 de noviembre de 2022, fecha desde la cual la fiscalía cuenta los cuatro años disponibles para concluir el proceso con una sentencia firme ante el Tribunal Superior de Justicia.

El caso registró varios pedidos de prórroga tanto de la parte acusadora como de las defensas. Entre los ejemplos más significativos: el 21 de noviembre de 2023 se concedieron 4 meses más a la fiscalía, otros dos meses adicionales el 21 de julio de 2024, y 15 días más a la defensa el 10 de octubre de 2024. A estos retrasos se sumaron problemas de agendamiento para fijar audiencias y la duración excepcional del juicio oral, que se extendió por 33 días, estableciendo un récord para la provincia de Neuquén.” “categoria”: “Provinciales