La legisladora nacional Magdalena Odarda presentó un pedido judicial para acceder al expediente completo de la acción de lesividad sobre Lago Escondido. El reclamo surge tras la publicación de información sobre un posible acuerdo no difundido entre el gobierno y la empresa de Joe Lewis.
La diputada nacional Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó una solicitud ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4 para acceder de manera inmediata al expediente que analiza la validez de la adquisición de las tierras de Lago Escondido por parte de capitales extranjeros.
La intervención de la legisladora se fundamenta en información publicada por el medio ‘El Destape’, que alertó sobre la posible existencia de un acuerdo no publicado entre el gobierno nacional y la firma Hidden Lake S.A, vinculada al empresario británico Joe Lewis. Además, el medio advirtió sobre restricciones para consultar las actuaciones judiciales en curso.
El expediente en cuestión tramita una acción de lesividad, herramienta legal mediante la cual el propio Estado busca revisar actos administrativos que considera contrarios al interés público. En este caso particular, se trata de las autorizaciones otorgadas para la compra de miles de hectáreas en una zona de seguridad de fronteras, donde se encuentra una reserva estratégica de agua dulce.
Desde el entorno de Odarda explicaron que la legisladora se considera parte interesada en la causa, tanto por haber impulsado esta acción en instancias previas como por su participación en el reclamo histórico por el libre acceso a las costas de Lago Escondido. Este último es un proceso judicial que lleva más de dos décadas y que aún aguarda una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la presentación judicial, realizada junto a los abogados Ernesto Montecino Odarda y Martín Palumbo, se solicitó además que se rechace cualquier intento de cerrar el proceso mediante acuerdos cuya información no sea pública. El planteo apunta a garantizar el acceso a la información y la transparencia en una causa que involucra bienes considerados de interés colectivo.
Cabe recordar que en 2023 el Estado nacional, a través del Ministerio del Interior, declaró lesivas al interés general las autorizaciones que permitieron la adquisición de estas tierras por parte de capitales extranjeros. Esa decisión abrió la vía judicial que hoy se encuentra en trámite y que podría derivar en la recuperación de esos territorios.
Finalmente, Odarda sostuvo que la naturaleza del caso excede el ámbito privado, al involucrar recursos estratégicos y decisiones vinculadas a la soberanía nacional. Por ese motivo, insistió en que el expediente debe ser accesible y no puede permanecer bajo restricciones que limiten el control público sobre su desarrollo.
