Las sucesiones representan tres de cada diez causas en los juzgos civiles de la provincia, con casi 2.134 casos en 2024. Un proyecto busca elevar los honorarios mínimos de abogados del 11% al 15%, cuando Río Negro ya tiene los aranceles más altos del país en este tipo de trámites.

Los procesos sucesorios se han convertido en el trámite judicial más frecuente en Río Negro. Durante 2024, se registraron 2.134 sucesiones intestadas -cuando una persona fallece sin testamento-, lo que representa casi el 30% del total de expedientes civiles en la provincia. Esto equivale a un promedio de seis resoluciones diarias.

La cifra muestra un incremento del 7% respecto al año anterior, cuando se habían registrado 1.993 casos que representaban el 27% del universo de expedientes. La intervención judicial en estos casos busca determinar quiénes son los herederos y qué participación les corresponde sobre los bienes del fallecido, requiriendo obligatoriamente la actuación de abogados matriculados.

En este contexto, un proyecto de modificación de la Ley 2212 -que regula los honorarios profesionales- presentado en marzo por los cuatro colegios de Abogados de Río Negro propone elevar el piso mínimo del 11% al 15% del valor del patrimonio hereditario, manteniendo el tope en 20%. La iniciativa, que no ha logrado aún estado parlamentario, reabre el debate sobre cuánto cuesta heredar en la provincia.

Río Negro integra actualmente el grupo de provincias con honorarios sucesorios más altos del país. Mientras que en Buenos Aires los aranceles rondan el 6% y en Capital Federal el 6,5%, la legislación rionegrina establece un rango de entre 11% y 20%. Neuquén también presenta valores inferiores, aunque parte de un esquema similar, gracias a reducciones específicas previstas en su normativa.

Los costos del trámite incluyen múltiples componentes. En la primera etapa -la declaratoria de herederos- se abonan tasas al Poder Judicial y a la Agencia de Recaudación que rondan los 120.000 pesos. Luego viene la declaración de bienes, valuados según registros fiscales. Actualmente ya no se pagan impuestos ni sellados por certificados catastrales, informes de dominio ni inscripción de inmuebles, pero los honorarios profesionales representan el componente más significativo del costo total.

El debate escaló hasta el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en marzo pasado, cuando debió resolver un caso donde un juez de primera instancia y la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche habían reducido honorarios por considerar que aplicar el mínimo del 11% resultaba ‘desproporcionado’ y podía derivar en un ‘resultado confiscatorio’. El magistrado había fijado 29,4 millones de pesos en lugar de los 58,6 millones que correspondían según el piso legal.

El STJ, con una votación dividida de tres a dos, dio la razón al abogado reclamante. La mayoría -integrada por Sergio Ceci, Sergio Barotto y Ricardo Apcarian- consideró que la facultad del juez para reducir honorarios debe ser ‘restrictiva y excepcional’, y que no estaba debidamente justificada con argumentos concretos. La minoría defendió la reducción argumentando que la aplicación automática de los porcentajes puede generar montos ‘exorbitantes’.

Aunque muchos procesos sucesorios transcurren sin conflictos entre herederos, la tramitación judicial sigue siendo obligatoria y compleja, especialmente cuando hay varios herederos, bienes en distintas jurisdicciones o disputas entre las partes. El plazo regular se estima entre cinco y siete meses, aunque puede extenderse según las complejidades.

En 2024, el gobierno nacional anunció avanzar en reformas para excluir la actuación judicial en casos donde existe acuerdo entre herederos, lo que simplificaría notablemente el proceso. Sin embargo, esas modificaciones aún no se han concretado, y por ahora el trámite continúa siendo judicial, costoso y obligatoriamente profesionalizado en la provincia.