La legisladora María Frei denunció el desmantelamiento del área de Fauna Silvestre provincial tras la sanción de la Ley 5796, que eliminó la figura del guardafauna. La nueva normativa permite que personal no capacitado realice tareas ambientales, mientras el gobierno provincial reconoce que no existen requisitos técnicos obligatorios para estos roles.

El área de Fauna Silvestre de Río Negro se encuentra en el centro de una controversia tras la sanción de la Ley 5796, que eliminó la figura del guardafauna y la reemplazó por ‘agentes inspectores’. La polémica se desató a partir de un pedido de información impulsado por la legisladora María Frei, del bloque Pro Unión Republicana, quien advirtió sobre un progresivo desmantelamiento del área desde 2021, con mayor énfasis durante 2025.

‘Se habían caído funciones que los guardafaunas cumplían desde hace años: el rescate y rehabilitación de animales, la investigación de tráfico de fauna y el asesoramiento a la comunidad sobre enfermedades zoonóticas’, manifestó la legisladora Frei.

El debate tiene su origen en la Ley 5502, sancionada en 2021, que creó el concepto de ‘Agente de Conservación’, una categoría que engloba a todos los trabajadores del Servicio Provincial de Áreas Naturales Protegidas y de la Dirección de Fauna Silvestre. Sin embargo, los críticos cuestionan la falta de claridad respecto a este nuevo concepto que unifica tanto a los guardas ambientales dependientes de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, como a los anteriores ‘guardafaunas’ de la Subsecretaría de Fauna Silvestre, ahora denominados ‘agentes inspectores’.

Frei señaló que la Ley 5796 no solo cambió la denominación de los guardafaunas, sino que también modificó su rol operativo, permitiendo que personal sin capacitación específica se haga cargo de funciones ambientales cruciales. Esta situación fue confirmada por el subsecretario de Fauna Silvestre, Roberto Espósito, quien reconoció que no existe una norma específica que establezca requisitos técnicos especiales o capacitaciones obligatorias para labrar actas en materia de fauna silvestre. Espósito también admitió que no hay disposiciones que aclaren que estas tareas deben ser realizadas exclusivamente por agentes de conservación.

En cuanto a la capacidad operativa del área, el subsecretario aseguró que no hubo reducción de ‘Agentes de Conservación’ desde la entrada en vigencia de la Ley 5796, aunque no precisó la cantidad actual de personal, su distribución territorial ni cuántos corresponden a ‘Agentes de Inspección’ dedicados a fauna o guarda ambiental. Espósito informó que desde marzo de 2024 ingresaron 331 actas de infracción vinculadas a fauna silvestre y defendió que el estado actual de los vehículos ‘resulta adecuado y permite asegurar el cumplimiento de las funciones indispensables’.

Sin embargo, la legisladora Frei cuestionó duramente estas afirmaciones: ‘Tienen una camioneta en trámite de compra para cubrir toda la provincia. Para Río Negro, que es enorme, con áreas protegidas, con problemas de tráfico ilegal de fauna y con más responsabilidades asignadas por la ley, eso es quedarse muy cortos’. El subsecretario confirmó que actualmente se encuentra en proceso de adquisición una camioneta 4×4, cuya tramitación comenzó en 2025.

La preocupación del bloque legislativo surgió tras una carta enviada en noviembre de 2025 por Fabián Llanos, guardafauna y técnico agropecuario, titulada ‘Devuélvannos lo que nos pertenece’. En el documento, Llanos relataba que, pese a ser solo dos personas en el área, continuaban trabajando con ayuda de voluntarios de la Fundación Guardafaunas Honorarios: rehabilitando aves, dando charlas en escuelas, capacitando a la policía e inspeccionando cotos de caza.

La Ley de Gestión Integral de la Fauna Silvestre establece que el personal policial de Río Negro tiene facultad para actuar como auxiliar en estas tareas, lo que genera interrogantes sobre quién asume la responsabilidad técnica en materia de conservación de fauna silvestre en la provincia.