La legisladora Magdalena Odarda destacó la sanción de una ley que suspende los cortes de gas, electricidad y agua a jubilados, pensionados, personas con discapacidad y familias de bajos ingresos en Río Negro. La norma busca garantizar el acceso a servicios básicos en un contexto de crisis económica y tarifazos.

La reciente sanción de la ley que suspende los cortes de servicios esenciales para sectores vulnerables en Río Negro fue definida por la legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, como ‘un nuevo derecho adquirido en este contexto de crisis’. La norma busca garantizar el acceso al gas, la electricidad y el agua a jubilados, pensionados, personas con discapacidad y familias cuyos ingresos se encuentren por debajo de la canasta básica alimentaria.

Odarda explicó que la iniciativa retoma una legislación que se venía prorrogando año tras año, aunque incorpora mecanismos para fortalecer su aplicación y, especialmente, para que la ciudadanía conozca su existencia. ‘La ley existía, pero casi nadie la utilizaba porque prácticamente nadie sabía que estaba vigente’, sostuvo la legisladora. Por ese motivo, el nuevo texto establece obligaciones concretas para que el Poder Ejecutivo, la Legislatura y las propias empresas prestadoras realicen campañas de difusión en un lenguaje accesible.

La norma impide la interrupción de servicios básicos por falta de pago a quienes acrediten encontrarse dentro de los grupos protegidos. Además, contempla la reconexión de los suministros que hayan sido suspendidos y obliga a las empresas a asumir los costos técnicos necesarios para restablecerlos.

La legisladora señaló que la iniciativa surgió del trabajo conjunto entre los bloques del Partido Justicialista – Nuevo Encuentro y Vamos con Todos, con fuerte participación de centros de jubilados, organizaciones de derechos humanos y entidades comunitarias. Entre quienes impulsaron el proyecto destacó el rol de la senadora nacional Ana Marks y de asociaciones de jubilados de distintos puntos de la provincia. ‘La ley fue construida con quienes van a ejercer este derecho. No salió de cuatro paredes, sino de la participación de los propios ciudadanos’, afirmó.

Odarda aclaró que el objetivo no es eximir del pago de los servicios, sino evitar que las deudas deriven en situaciones críticas para las familias. En ese sentido, prevé planes de regularización accesibles y cuotas reducidas para que los usuarios puedan ponerse al día sin sufrir cortes. ‘Lo que pretendemos es que la persona pueda firmar un plan de pago acorde a sus posibilidades, pero que no se quede sin luz, sin agua o sin gas’, indicó.

Uno de los aspectos que más preocupación genera entre los impulsores de la norma es su puesta en vigencia efectiva. Odarda reveló que durante una reunión virtual realizada días atrás, de la que participaron más de 150 personas entre legisladores, dirigentes de centros de jubilados y organizaciones sociales, se expresó inquietud por la demora en la publicación de la ley en el Boletín Oficial. Según explicó, mientras otras normas sancionadas en la misma sesión legislativa ya fueron promulgadas, la ley de suspensión de cortes aún aguardaba ese trámite administrativo.

Por ello, los bloques que promovieron la iniciativa presentaron una nota ante la Secretaría Legal y Técnica para solicitar una publicación inmediata. En paralelo, anticipó que se trabaja en la elaboración de formularios y mecanismos de denuncia para los casos en que las empresas incumplan la legislación. El objetivo, afirmó, es que la implementación se rija por el principio de ‘burocracia cero’, evitando que los usuarios deban atravesar trámites complejos para acceder a la protección.

La legisladora también vinculó la importancia de la ley con el fuerte incremento registrado en las tarifas de los servicios públicos durante los últimos meses. ‘Muchas familias están frente a la disyuntiva de pagar la luz o comprar alimentos. En ese contexto, garantizar que no haya cortes es fundamental’, sostuvo.

Odarda consideró que el verdadero desafío comienza ahora: lograr que la información llegue a cada rincón de la provincia. Por ello, valoró la participación de organizaciones sociales, centros de jubilados y concejos deliberantes, que comenzarán a replicar reuniones informativas para explicar el alcance de la norma y monitorear su cumplimiento. ‘La gente tiene que sentir que esta ley le pertenece. Sólo así podrá defenderla y hacerla valer cuando corresponda’, concluyó. La ley tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y constituye una herramienta de protección social frente a un escenario de creciente dificultad para afrontar el costo de los servicios esenciales.