A través del programa de regularización dominial del IPPV y la Ley Pierri, miles de vecinos consolidaron su derecho a la propiedad. El gobierno provincial destaca el avance en el acceso a escrituras con valores accesibles y planes de pago.

La provincia de Río Negro superó las 3.200 escrituras entregadas en el marco del trabajo de regularización dominial que se viene desarrollando con las viviendas del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) y a través de la Ley Pierri. Este logro permitió que miles de familias se convirtieran en propietarios legítimos de sus hogares.

‘En el comienzo de la gestión nos propusimos garantizar derechos a las familias y tener su escritura es uno de ellos’, destacó Mariano Lavin, interventor del IPPV. El funcionario explicó que el proceso de regularización tiene varios aspectos clave para su funcionamiento.

Uno de los pilares fundamentales es el pago de las cuotas de vivienda por parte de cada beneficiario. ‘Los fondos que se recuperan a través del pago de las cuotas de viviendas, se destinan a la creación de nuevas obras y soluciones habitacionales para más vecinos’, explicó Lavin, y agregó: ‘Es decir, es un sistema solidario que se retroalimenta entre quienes cumplen y aquellos que están a la espera’.

El programa se sustenta además en el trabajo conjunto con el Colegio Notarial de Río Negro y el Consejo de Agrimensores, a partir de distintos convenios firmados para otorgar mayor accesibilidad a los adjudicatarios. En este sentido, se definió que durante todo 2026, el valor de una escritura de vivienda IPPV será de 500.000 pesos.

Como ventaja adicional, el organismo permite abonar ese monto hasta en 15 cuotas, facilitando el acceso de las familias a la titularidad de sus propiedades. Esta modalidad de pago busca evitar que el costo de la escrituración se convierta en un obstáculo para quienes ya cumplieron con sus obligaciones.

Por otra parte, muchas familias lograron acceder a la escritura de forma gratuita en el marco de la Ley 5527, que alcanza a las viviendas tipo monoblock construidas por el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) hasta el año 1993. Esta normativa representa un beneficio adicional para los sectores de menores recursos.