Un integrante más de la asociación ilícita que operó en General Roca fue condenado a 6 años y 4 meses de prisión efectiva tras reconocer su participación en los hechos. Es el segundo miembro del grupo en recibir sentencia, mientras que otros diez imputados continúan vinculados al proceso penal.

El Tribunal Colegiado homologó este miércoles la pena de 6 años y 4 meses de prisión efectiva para otro de los integrantes de la asociación ilícita que cometió una serie de violentos robos en viviendas de la ciudad de General Roca. El imputado reconoció en una audiencia de juicio abreviado haber formado parte del grupo delictivo y haber cometido tres hechos en particular. Además, el tribunal resolvió mantener la declaración de primera reincidencia.

El acusado llegó detenido a la audiencia, ya que desde el 13 de noviembre pasado —cuando se realizó la audiencia de imputación y preventiva para cinco hombres acusados de integrar la banda— la fiscalía había solicitado y obtenido su prisión preventiva. Con esta nueva condena, son ya dos los miembros de la organización criminal que han sido sentenciados por estos hechos.

La fiscal a cargo del caso, Verónica Villarruel, describió el modus operandi del grupo: ‘definían arribar en uno o dos vehículos que habían sido sustraídos con antelación, irrumpían en las viviendas elegidas de forma violenta por puertas traseras previo escalar paredones y techos, reducían a las víctimas utilizando armas de fuego y atándolas luego con alambres o precintos’. Luego, los delincuentes exigían dólares y la ubicación de cajas fuertes para apoderarse de dinero, oro y dispositivos electrónicos —aunque evitaban llevarse teléfonos celulares—. También sustraían los DVR, los grabadores de imágenes de las cámaras de seguridad, con el evidente fin de borrar rastros de su accionar.

La investigación estuvo respaldada por un amplio trabajo de inteligencia criminal. Se creó especialmente para este caso una Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro, cuya labor fue coordinada íntegramente por el Ministerio Público Fiscal. El equipo analizó horas de grabaciones de las cámaras del servicio 911 y de cámaras privadas, cuyo contenido fue cotejado con declaraciones testimoniales, resultados de pericias y datos obtenidos de los teléfonos celulares de los imputados.

En ese sentido, la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), dependiente de la Procuración General, jugó un rol clave al determinar la ubicación del tráfico de antenas de los celulares de los acusados, lo que permitió situar a los imputados en los distintos lugares donde se cometieron los delitos. Esta información fortaleció considerablemente el sustento de la acusación.

A su vez, el Gabinete de Criminalística intervino en la preservación de las escenas del crimen, el levantamiento de rastros y la recolección de muestras odoríficas y de material genético. La Oficina de Atención a la Víctima también tuvo una participación relevante, realizando entrevistas a todas las personas afectadas y elaborando los correspondientes análisis victimológicos.

Entre las demás pruebas reunidas figuran las denuncias penales presentadas por las víctimas, actas de procedimiento policial, croquis ilustrativos, actas de entrevistas a vecinos que alertaron al 911 sobre la ocurrencia de algunos de los hechos, y los resultados de requisas de automóviles y allanamientos. En estos últimos se secuestró, entre otros elementos, un equipo de comunicación de características similares a los utilizados por las fuerzas de seguridad con acceso a 12 frecuencias policiales. Periciado el dispositivo, se concluyó que no formaba parte del patrimonio de la Policía de Río Negro.

El proceso penal continúa activo: diez personas permanecen vinculadas al legajo fiscal con formulación de cargos y medidas cautelares vigentes, por lo que se esperan nuevas audiencias en los próximos meses.