Un grupo de cuatro legisladores de distintos bloques presentó un proyecto para crear una Comisión Regional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. La iniciativa busca articular una respuesta conjunta entre Bariloche, Dina Huapi y Pilcaniyeu ante el colapso del Centro de Residuos Urbanos local. La propuesta se suma a los crecientes reclamos ambientales que acumula la zona desde hace casi dos décadas.

La Legislatura de Río Negro fue escenario de una nueva iniciativa parlamentaria orientada a dar respuesta a uno de los problemas más persistentes de la región cordillerana: el colapso del Centro de Residuos Urbanos de San Carlos de Bariloche. Cuatro legisladores pertenecientes a los bloques UCR, CC ARI, PRN y PJ-NE presentaron un proyecto de ley que propone la creación de una Comisión Regional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

La propuesta plantea articular una estrategia conjunta entre los municipios de Bariloche, Dina Huapi y Pilcaniyeu, reconociendo que la problemática trasciende los límites administrativos de una sola localidad y requiere una mirada territorial más amplia. Según los impulsores del proyecto, este espacio de coordinación busca acompañar la transición ante una situación que lleva cerca de dos décadas sin resolución definitiva en la zona.

Entre los puntos centrales del texto, se establece un plazo de 180 días para que la comisión presente un Plan Preliminar de Transición Regional, que deberá incluir un diagnóstico de la situación actual y distintas opciones de localización para una nueva infraestructura de tratamiento de residuos. Este cronograma busca imprimirle urgencia a un debate que históricamente se ha dilatado sin avances concretos.

En cuanto a su composición, la comisión estaría integrada por representantes de organismos provinciales y municipales, pero también por referentes vecinales, organizaciones ambientalistas y recuperadores urbanos. Esta apertura hacia actores no gubernamentales refleja la intención de los autores de construir un proceso participativo y con legitimidad social, especialmente en un tema que genera tensiones en las comunidades afectadas.

El proyecto aclara expresamente que la comisión funcionará como un ámbito de articulación y coordinación, sin reemplazar ni sustituir las competencias que cada municipio tiene sobre la gestión de sus propios residuos. Además, se prevé que el organismo se disuelva automáticamente una vez que el plan regional sea aprobado, evitando así la creación de una estructura burocrática permanente.

La iniciativa se presenta en un contexto de creciente presión ambiental y vecinal sobre las autoridades locales y provinciales, que hasta el momento no han logrado consensuar una solución de largo plazo para el manejo de los residuos en la comarca. Con esta propuesta, los legisladores buscan instalar un mecanismo formal de diálogo que permita avanzar hacia una salida coordinada y sostenible.