Desde Piuke queremos expresar nuestra profunda preocupación sobre el actual escenario socioambiental en la República Argentina y en especial en nuestra región.

Tras la aprobación de la Ley Bases en el Congreso Nacional, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, impulsa un avance de las corporaciones mineras sobre los territorios. A la vez, al día siguiente de la represión y detenciones arbitrarias durante las protestas, alineado con este mensaje, Weretilneck endurece sus declaraciones contra el gremio docente y trabajadores de la salud pública ante su legítimo reclamo de recomposición salarial, y aprovecha para avanzar en normativas para regular la actividad minera, a pesar de que no cuenta con licencia social.

Rechazamos esta decisión gubernamental porque pone en peligro la provisión de agua para el desarrollo de la vida en la Patagonia (Puelmapu). La prioridad del uso del agua para las actividades extractivas en zonas dónde ésta escasea, condena a la desaparición a las poblaciones de nuestra región. Por otro lado, los drenajes ácidos y la contaminación con químicos, que son intrínsecos a estos emprendimientos, elimina toda proyección de futuro desarrollo sustentable y humano.

Cuando dentro de unas pocas décadas las mineras terminen su vida útil, la región será un páramo con montañas destruidas, ríos contaminados, arroyos y lagunas desecados y napas drenadas. No dejamos de mencionar los riesgos de accidentes que pueden producirse en los diques de cola por las cada vez más frecuentes tormentas de verano que están dándose en la estepa y que arrasan con torrentes que se llevan todo a su paso.

El tipo de economía que se pretende imponer no piensa en un desarrollo local si no en satisfacer las necesidades de los mercados de los países centrales. Ni siquiera hay plan de industrialización. Esta propuesta es extractivismo, saqueo, contaminación y rapiña en estado puro. 

Los pobladores rurales, las comunidades mapuche tehuelche, los vecinos y vecinas de los territorios vieron cómo el sistema representativo arrebató entre gallos y medianoche la Ley Anticianuro, que nos protegía de la contaminación de las aguas. Consideramos se ha demostrado en los hechos que ningún tipo de ente estatal está dispuesto a evitar esta catástrofe. Por lo tanto, pensamos que aquellos que bregamos por la continuidad de la vida debemos organizarnos de forma autónoma, autogestiva y horizontal en la defensa de los territorios. 

El agua es para los pueblos. Los territorios no son negociables. El futuro es para las generaciones futuras, no para las corporaciones. Es el momento de decir firmemente que NO. Y que quede claro que NO ES NO.