Operativos de control realizados en Cervantes y General Enrique Godoy dejaron al descubierto graves irregularidades en carnicerías de ambas localidades. Personal de la Brigada Rural de Ingeniero Huergo junto a inspectores provinciales de Ganadería detectaron mercadería en estado de putrefacción, productos vencidos y casos de faena clandestina. En total, se labraron ocho actas de infracción y toda la mercadería decomisada fue destruida para proteger la salud pública.

Más de dos mil kilos de carne, embutidos y chacinados fueron decomisados durante una serie de operativos de control llevados a cabo los días 10 y 11 de septiembre en comercios de las localidades de Cervantes y General Enrique Godoy, en la provincia de Río Negro.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Brigada Rural de Ingeniero Huergo, quienes trabajaron en forma conjunta con inspectores de Ganadería de la Provincia. En el marco de los operativos se inspeccionaron siete carnicerías y se realizó además un control vehicular orientado a verificar las condiciones de comercialización, procedencia y transporte de los productos cárnicos.

Durante las inspecciones, los agentes constataron una serie de irregularidades de diversa gravedad. Entre los problemas detectados se encontraron mercaderías sin rótulos ni sellos de faena, productos con fecha de vencimiento expirada, indicios vinculados a faena clandestina y carne que se hallaba en estado de putrefacción. Además, se verificó el traslado de carne picada sin contar con la habilitación correspondiente para su transporte.

Como resultado de los procedimientos, se labraron ocho actas de infracción en el marco de la Ley Provincial N° 2534, que regula la actividad ganadera y la comercialización de productos cárnicos en la provincia. Toda la mercadería que no cumplía con las condiciones exigidas por la normativa vigente fue decomisada de manera inmediata para impedir su comercialización y consumo.

Finalmente, la totalidad de los productos decomisados fue trasladada al biodigestor de la firma Fricader, donde se procedió a su destrucción definitiva. Con estas acciones, las autoridades buscaron garantizar que ninguno de los productos en condiciones no aptas pudiera llegar a la mesa de los consumidores, resguardando así la salud pública de la región.