El Ministerio Público Fiscal de General Roca reformuló los cargos contra un ex efectivo policial acusado de estafar a decenas de personas mediante la venta fraudulenta de un terreno en Paso Córdoba. Con diez nuevas denuncias incorporadas, el total de damnificados asciende a 24, en su mayoría policías que confiaron en el imputado por su condición de colega.

El Ministerio Público Fiscal de General Roca dio un paso clave en la causa que investiga a un ex empleado policial acusado de estafa reiterada. En una audiencia reciente, la fiscalía solicitó la reformulación de cargos incorporando diez nuevas denuncias al expediente, elevando el número total de víctimas a 24 personas damnificadas.

Los hechos investigados se habrían desarrollado entre octubre de 2021 y marzo de 2024 en la ciudad de General Roca. Según explicó la fiscal a cargo del caso, Jessica González, el imputado ‘mediante ardid y aprovechándose de su calidad de empleado policial, exhibió un boleto de compraventa de fracción de tierra en Paso Córdoba, argumentando una relación de amistad con el dueño de la inmobiliaria y facilidades de pago’.

Bajo esa fachada de confianza y cercanía institucional, el acusado habría inducido a error a un grupo de colegas policías, quienes pagaron por el supuesto inmueble a través de distintos medios: dinero en efectivo tanto en pesos como en dólares, y transferencias bancarias. Las víctimas creyeron estar invirtiendo en un terreno real con posibilidades concretas de adquisición.

La imputación original, realizada en diciembre de 2024, fue consolidada con una batería de pruebas reunidas por distintos organismos. Entre las pericias destacadas figuran las realizadas por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF) y por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel). A esto se suman informes bancarios, comprobantes de transferencias, recibos de pagos originales y pagarés.

Un elemento central de la causa es la pericia caligráfica llevada adelante por el Cuerpo de Investigación Forense de General Roca, que analizó la letra del imputado en los documentos presentados como prueba. Asimismo, la Municipalidad de General Roca emitió un informe oficial que resultó determinante: confirmó que el área comercializada ‘carece de habilitación urbana, factibilidad técnica municipal y de servicios esenciales en la parcela rural en cuestión’, según señaló la fiscal González.

Durante la audiencia, el defensor particular del imputado se opuso a la reformulación de cargos y solicitó que no fueran tenidos por formulados. Sin embargo, la jueza de Garantías Natalia González resolvió hacer lugar al pedido de la fiscalía y tuvo por acreditados los cargos bajo la figura de estafa, encuadrada en los Artículos 45 y 172 del Código Penal argentino.

La causa continúa su curso judicial con una sólida acumulación de evidencia que apunta a sostener la acusación en las etapas procesales venideras.