Mario De Rege, ex vicegobernador de Río Negro, ganó un juicio contra la Provincia por la expropiación de tierras destinadas a la planta depuradora de líquidos cloacales. La sentencia fijó una indemnización que supera los mil millones de pesos, generando un fuerte debate sobre el costo para el Estado y posibles conflictos de interés.

Un fallo judicial que impacta directamente en las cuentas públicas provinciales determinó que Río Negro debe pagar más de mil millones de pesos a Mario De Rege, ex vicegobernador, por la expropiación de tierras afectadas al proyecto de la planta depuradora de líquidos cloacales con volcado cero. La sentencia del juez subrogante Leandro Javier Oyola fijó para la parcela principal una indemnización de 749.942.433,18 pesos, a la que se suman otros montos reconocidos, intereses y costos asociados.

La magnitud del fallo volvió a poner el caso bajo la lupa, pero no solo por el monto involucrado. De Rege fue durante años superintendente del Departamento Provincial de Aguas (DPA), el organismo que precisamente diseñó e impulsó la obra para la cual después se dispusieron estas expropiaciones. Este dato reactivó interrogantes sobre un eventual conflicto de intereses que nunca fue despejado públicamente.

A la polémica se suman versiones que circulan desde hace tiempo, según las cuales las tierras habrían sido adquiridas poco antes de que avanzara o se hiciera público el proceso expropiatorio. Esta secuencia temporal alimentó sospechas políticas sobre si pudo haber existido conocimiento anticipado del proyecto por parte del ex funcionario. El expediente judicial no se pronuncia sobre este punto, pero la duda persiste alrededor del fallo.

El debate escaló también por la condición de quien reclama. No se trata de un propietario cualquiera, sino de un ex vicegobernador de Río Negro, y ese dato instaló una discusión que excede lo estrictamente judicial: si resulta ético que un ex funcionario de ese rango obtenga una indemnización de esta magnitud financiada con recursos públicos que terminarán afrontando todos los rionegrinos.

Otro punto sensible del caso es la enorme brecha entre los valores de la tierra. La Junta de Valuaciones había estimado para ese inmueble un valor máximo indemnizatorio de 82,7 millones de pesos, mientras que la sentencia elevó ese monto a casi 750 millones. Esa diferencia de casi nueve veces más quedó entre los aspectos más cuestionados de la resolución judicial.

Los honorarios profesionales reforzaron el impacto económico. Solo para los abogados de De Rege, la regulación llegó a 157.487.910,96 pesos. A eso se suman montos equivalentes para la representación de la Provincia y 37,4 millones de pesos para la pericia agronómica, elevando aún más el costo total del expediente.

Con este cuadro, el caso dejó de ser apenas una discusión técnica sobre expropiaciones para condensar tres debates en uno: el costo para el Estado provincial, la ética de que un ex vicegobernador litigue y cobre del erario público, y las preguntas que sobrevuelan una operación inmobiliaria ligada a un proyecto impulsado por un organismo que él mismo condujo durante su gestión.

Más allá de que el fallo sea formalmente legal y haya seguido los cauces judiciales correspondientes, quedó planteado un interrogante político que el expediente no clausura: si la Provincia terminó pagando una fortuna por una operación que todavía deja más preguntas que respuestas. La cuenta, en cualquier caso, ya empezó a pagarse con fondos públicos.