El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que más de un billón de pesos recaudados para el mantenimiento vial fueron redirigidos al Ministerio de Economía. La oposición presentó una denuncia penal y un juez federal ordenó la reparación urgente de rutas en Santa Fe.

Una controversia de magnitud sacude al Gobierno nacional tras la confirmación de que fondos destinados exclusivamente al mantenimiento de rutas fueron desviados para sostener el superávit fiscal. El vocero presidencial Adrián Ravier admitió que más de un billón de pesos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) fueron puestos a disposición del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

El conflicto gira en torno al SISVIAL, un fideicomiso que capta parte del impuesto a los combustibles con el objetivo legal exclusivo de construir y mantener rutas nacionales. De un total recaudado de 1,5 billones de pesos, solo se ejecutó cerca de una cuarta parte para su fin original, mientras el resto fue apartado por el Ejecutivo.

Consultado por el Diario de La Pampa, Ravier justificó la medida: ‘Sin duda, una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos’. Sus declaraciones generaron inmediatas reacciones desde la oposición.

La diputada Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal que especifica el monto desviado en $1.001.017.908.957. Según la presentación judicial, estos fondos fueron inmovilizados en instrumentos financieros como plazos fijos en el Banco Nación y letras del Tesoro (LECAP y LECER). La denuncia apunta contra el ministro Caputo, autoridades de Vialidad Nacional y del Banco Nación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y abuso de autoridad.

En términos políticos, Tolosa Paz denunció que se priorizó ‘la mesa de dinero’ sobre la seguridad vial, mientras las obras comprometidas contractualmente permanecen paralizadas o con avances mínimos, y la red vial nacional exhibe un deterioro calamitoso.

El conflicto escaló al plano judicial cuando el 31 de julio el Juzgado Federal de Venado Tuerto (Santa Fe) hizo lugar a una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio por el estado ‘crítico e intransitable’ de tramos de las Rutas Nacionales 33, 8 y 7. El juez federal Aurelio Cuello Murúa determinó que la falta de mantenimiento no se debe a carencia de recursos, sino a la omisión deliberada de autorizaciones presupuestarias por parte del Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte, ordenando ‘la inmediata y urgente reparación integral’ de esas rutas.

Desde los municipios también surgieron críticas. El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, también pampeano como Ravier, manifestó en la red social X que ‘el impuesto para las rutas no se gasta en las rutas, se invierte en plazos fijos y títulos para sostener el equilibrio fiscal’. Di Nápoli detalló que a La Pampa le llegó apenas el 0,05% de los fondos, ocupando el puesto 23 en el ranking de fondos recibidos, y cerró irónicamente: ‘Todo un reconocimiento al lugar que ocupamos para el gobierno nacional’.