Una mujer fue imputada por aprovecharse del acceso al home banking de una adulta mayor para gestionar préstamos, transferir fondos a sus propias cuentas y realizar compras sin autorización. La víctima le había confiado sus claves bancarias en virtud de una relación de más de cuarenta años. El caso quedó en manos del juez de Garantías Víctor Gangarrosa, quien fijó el plazo de investigación hasta marzo de 2027.

Una mujer fue imputada ante la Justicia de Bariloche por estafas reiteradas cometidas en perjuicio de una adulta mayor con quien mantenía un vínculo de confianza de más de cuatro décadas. La acusada es hija de una amiga histórica de la denunciante, y durante años la asistió con trámites cotidianos y gestiones bancarias, lo que le permitió obtener acceso pleno a sus cuentas.

Según expuso el fiscal del caso, Guillermo Lista, durante el primer semestre de 2022 la imputada se ofreció a colaborar ante las dificultades que atravesaba la víctima para operar digitalmente. En el contexto pospandemia de Covid-19, cuando múltiples trámites bancarios habían sido migrados a plataformas virtuales, la adulta mayor le entregó sus claves de home banking, confiando plenamente en quien consideraba de su círculo más íntimo.

Desde ese momento y hasta enero de este año, la acusada habría operado de manera regular la cuenta bancaria de la damnificada. Se le atribuye haber gestionado al menos cinco préstamos personales, cuyos importes acreditados habrían sido derivados, mediante sucesivas transferencias, a cuentas de su propia titularidad. Además, se le imputan compras por internet y planes de cuotas realizados con la tarjeta de crédito de la víctima, todo ello sin su conocimiento ni consentimiento.

Uno de los aspectos más graves del caso es que la imputada habría engañado activamente a la adulta mayor asegurándole que había constituido un plazo fijo con sus ahorros, una inversión que nunca existió. Ante las consultas periódicas de la víctima sobre el vencimiento y el estado de esos fondos, la acusada le transmitía información falsa que le impedía conocer la verdadera situación de sus finanzas.

Fue recién en enero de este año cuando la situación quedó al descubierto. Cansada de no obtener respuestas claras y de recibir contestaciones en malos términos, la adulta mayor se presentó personalmente en la entidad bancaria. Allí tomó conocimiento de que no existía ningún plazo fijo, y de que figuraban a su nombre préstamos y consumos que jamás había autorizado. Al profundizar la revisión, también detectó transferencias realizadas a favor de la acusada, momento en que decidió radicar la denuncia penal.

La imputación se sustentó en la denuncia original y su ampliación, junto a informes bancarios, registros de movimientos, resúmenes de cuenta y de tarjeta de crédito, y datos sobre las cuentas bancarias y virtuales vinculadas a ambas mujeres. La Fiscalía encuadró provisoriamente las conductas como estafas reiteradas en concurso real y atribuyó a la imputada su autoría. La querella adhirió en todos los términos expuestos por el fiscal.

Desde el lado de la defensa, la defensora particular consideró adecuado el plazo de cuatro meses propuesto para la investigación, aunque aclaró que ello no implica aceptación de los cargos. También anticipó que su asistida ejercerá su derecho a brindar su propia versión de los hechos ante la Fiscalía, con asistencia letrada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del Código Procesal Penal de la provincia.

El juez de Garantías Víctor Gangarrosa tuvo por formulados los cargos por estafas reiteradas en concurso real y fijó el plazo de investigación hasta el 8 de marzo de 2027. Asimismo, impuso medidas cautelares de rigor sobre la imputada. La investigación continúa abierta, con medidas de prueba en curso orientadas, entre otros aspectos, a determinar el monto total del perjuicio económico causado a la víctima.