La Fiscalía acusó a cuatro personas por estafar a nueve familias que contrataron viviendas modulares construidas con contenedores marítimos. Las víctimas pagaron hasta el 90% del valor total sin recibir las obras prometidas entre 2022 y 2024.
La Justicia imputó a cuatro personas por una serie de estafas a familias que contrataron viviendas modulares bajo la modalidad ‘llave en mano’ construidas con contenedores marítimos. Según la acusación fiscal, los imputados operaban a través de una empresa dedicada a este tipo de construcciones, donde cada uno cumplía roles específicos vinculados a la administración, comercialización, cobro y seguimiento de proyectos.
La maniobra consistía en ofrecer viviendas familiares con plazos de ejecución considerablemente más breves que los de una construcción tradicional. Una vez firmados los contratos y percibidos importantes adelantos en dólares, los acusados aseguraban falsamente que las obras avanzaban según lo previsto. En algunos casos exhibían contenedores supuestamente destinados a los proyectos, colocaban carteles con los nombres de los clientes y ofrecían adicionales como pisos, aberturas e instalaciones especiales, por los cuales también cobraban sumas extra.
La Fiscalía sostiene que los imputados carecían de la capacidad técnica, financiera y operativa necesaria para cumplir con los compromisos asumidos. Aun así, continuaron celebrando contratos, percibiendo pagos y solicitando prórrogas de entrega mientras afirmaban que las obras se encontraban en ejecución. Una de las personas imputadas incluso concurría a los terrenos donde debían emplazarse las viviendas para reforzar la apariencia de avance.
La investigación determinó que nueve grupos familiares fueron afectados por esta maniobra entre 2022 y 2024. En la mayoría de los casos, las víctimas abonaron aproximadamente el noventa por ciento del valor total de las obras comprometidas sin recibir las viviendas acordadas. Además, la investigación incorporó información sobre la creación posterior de otra sociedad comercial dedicada al mismo rubro que comenzó a operar durante 2025 ofreciendo el mismo sistema constructivo.
Entre las pruebas reunidas se encuentran denuncias de los damnificados, contratos de obra, comprobantes de pago, conversaciones por correo electrónico y aplicaciones de mensajería, cartas documento, documentación societaria e informes comerciales y financieros. Durante los allanamientos se secuestraron siete teléfonos celulares, cuatro computadoras de escritorio, nueve notebooks y tablets, dispositivos de almacenamiento digital, un sistema electrónico de cobro y documentación comercial que será sometida a peritajes especializados.
Aún están pendientes pericias informáticas y una pericia contable destinada a determinar la situación económica y financiera de las empresas investigadas y sus posibilidades reales de cumplir los contratos asumidos. Debido a la cantidad de personas imputadas, el número de hechos investigados y el volumen de evidencia por analizar, la Fiscalía solicitó que la investigación sea declarada compleja.
La querella acompañó la formulación de cargos y la calificación legal propuesta por la Fiscalía. Además solicitó la inhibición general de bienes de los imputados y de las sociedades investigadas, junto con la prohibición de salida del país, para resguardar eventuales responsabilidades patrimoniales y asegurar los fines del proceso.
Las cuatro personas imputadas, asistidas por defensas públicas y particulares, brindaron declaración en esta instancia procesal. La Defensa Pública Penal no se opuso a la declaración de investigación compleja ni al plazo solicitado, aunque señaló que algunos aspectos de la acusación deberán ser precisados durante la investigación. Una de las defensas particulares sostuvo que mantiene una teoría del caso diferente a la planteada por la Fiscalía.
El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos por nueve hechos de estafa en concurso real, atribuidos a las cuatro personas en carácter de coautoras. Dispuso que la causa tramite como asunto complejo y fijó el plazo de la investigación preparatoria hasta el 2 de junio de 2027. Además, hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas: prohibición de salida del país para los cuatro imputados, inhibición general de bienes de las personas y sociedades alcanzadas por la investigación, obligación de fijar domicilio y de estar a derecho. Las medidas regirán mientras dure la investigación preparatoria.
