La provincia de Río Negro enfrenta una ola de amenazas a establecimientos educativos que alcanzó más de 50 casos en pocos días, afectando localidades como Bariloche, el Alto Valle, la Línea Sur y Viedma. Ante el reclamo de padres por cerrar las escuelas, el Ministerio de Educación fue contundente: la suspensión de clases no es una opción.
En diálogo con Radio Noticias, la directora general de Educación, Marcela Strahl, explicó que la cartera educativa implementó un ‘documento orientador’ para equipos supervisivos y directivos, con el objetivo de organizar acciones que garanticen el cuidado y la tranquilidad en las aulas. La funcionaria descartó de plano la posibilidad de cerrar temporalmente los establecimientos, una medida reclamada por sectores de la comunidad.
‘La suspensión de clases no es una opción. Esta medida no soluciona el problema de fondo, sino que podría potenciar el conflicto’, afirmó Strahl. Según la funcionaria, la solución debe basarse en ‘el cuidado, la presencia institucional y el trabajo pedagógico’.
El protocolo oficial establecido ante cualquier amenaza, ya sea a través de carteles o redes sociales, contempla un procedimiento escalonado. El primer paso es la denuncia judicial del hecho, que activa de inmediato la intervención del Ministerio Público Fiscal para iniciar las investigaciones y determinar responsabilidades.
Simultáneamente, se exige una articulación directa con las fuerzas de seguridad y el 911. Al interior de las escuelas, se prioriza el acompañamiento integral a los estudiantes mediante la creación de espacios de escucha y contención, reafirmando los acuerdos de convivencia como pilar fundamental de la institución.
Strahl también abordó el impacto de la violencia social en las escuelas, advirtiendo que el fenómeno ‘nos excede’ y atraviesa las puertas de los establecimientos. Por eso, remarcó la necesidad de la corresponsabilidad de las familias. ‘El estudiante transita 4 o 5 horas en la escuela, pero el resto del día está socializando’, señaló.
En ese sentido, la funcionaria pidió a los adultos responsables implementar ‘pausas digitales’: reducir el uso de dispositivos, supervisar los contenidos y fomentar el diálogo en el hogar sobre los riesgos y consecuencias de estas acciones, que muchos estudiantes confunden erróneamente con ‘juegos’ o ‘bromas’ en un contexto de contagio social.
Respecto a las medidas hacia los estudiantes identificados como autores de amenazas, Strahl aclaró que el enfoque educativo no es punitivo, sino restaurativo. ‘Desde Educación no hablamos de sanciones, sino de reparación y reflexión’, explicó. No obstante, recordó que la intervención judicial es un proceso paralelo y autónomo: una vez que el hecho está en manos de la Fiscalía, son las autoridades judiciales quienes definen las actuaciones correspondientes.



























